Alza del SOAP y percepción pública: la necesidad de transparencia para proteger la reputación del mercado asegurador

La implementación de la Ley Jacinta, que amplió significativamente los montos de cobertura del Seguro Obligatorio de Accidentes Personales (SOAP), ha tenido un efecto directo en el precio del seguro. Sin embargo, más allá de su impacto técnico y actuarial, el ruido que está generando en la opinión pública revela una profunda brecha de comunicación entre la industria y los asegurados.

El ajuste de las tarifas —en muchos casos superiores al 50 % o incluso cercanas al 90 % en casos particulares según carta al director publicada hoy en El Mercurio— ha sido recibido con críticas intensas por parte de consumidores, asociaciones y usuarios. Este descontento expone riesgos reputacionales importantes para el mercado asegurador, que podrían haberse mitigado con una comunicación oportuna y transparente.

Reacciones de consumidores y asociaciones

En una carta al director titulada “Sorpresas caras”, un suscriptor señaló que, al renovar anticipadamente el SOAP de los vehículos de su familia, encontró una alza cercana al 90 % en el valor del seguro. Comentarios como este no son menores: reflejan una percepción de arbitrariedad y falta de claridad que puede afectar la confianza en el sistema de seguros.

Las asociaciones de consumidores también han alzado la voz. Desde la Organización de Consumidores y Usuarios (ODECU), su presidente Stefan Larenas calificó el aumento como desproporcionado, criticando especialmente su aplicación en un período del año cargado de múltiples gastos familiares. Aunque reconoció que es razonable que un aumento de coberturas implique un mayor costo, sostuvo que “no al nivel de la desproporción que hoy se está haciendo”.

Por su parte, el presidente de CONADECUS, Hernán Calderón, adoptó un tono más cauteloso, pero apuntó al déficit de información disponible para los consumidores. Calderón enfatizó que, más allá de la justificación técnica del aumento, el problema central es que los asegurados no tienen acceso claro a información que les permita comprender cómo se determinan los precios del SOAP ni cómo utilizar adecuadamente este seguro obligatorio.

En la misma línea, líderes como Eduardo Ramírez, presidente de ACOVAL Los Ríos, han hecho un llamado explícito a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) para que se pronuncie sobre si este alza es adecuada o no, instando además a las compañías a responder oportunamente ante eventuales siniestros en este nuevo escenario tarifario.

Más allá del costo: el daño reputacional

Las críticas no solo apuntan al aumento del precio, sino al déficit comunicacional que acompaña a este proceso. Un aumento de cobertura sustancial debiera ir acompañado de explicaciones claras, comparaciones comprensibles, simuladores de impacto y casos prácticos que permitan a los usuarios entender por qué están pagando más y qué beneficios adicionales reciben a cambio.

La falta de información contribuye a que el reajuste sea percibido como arbitrario y lejos de la lógica de protección que se espera de un seguro obligatorio. Esta percepción puede traducirse en:

• Desconfianza hacia el sector asegurador.

• Mayor resistencia a renovar o contratar seguros.

• Incremento en los reclamos a autoridades regulatorias.

• Debilitamiento del valor social del seguro obligatorio.

En un momento en que la industria busca fortalecer la cultura del seguro en Chile, estos efectos reputacionales constituyen un riesgo estratégico.

La urgencia de una respuesta proactiva

La situación actual evidencia que el mercado asegurador debe avanzar hacia una comunicación más proactiva, educativa y transparente. Algunas acciones que pueden contribuir a ello son:

1. Campañas de información pública claras sobre los cambios normativos y su impacto en precios y coberturas.

2. Herramientas que permitan estimar el impacto del nuevo SOAP en cada caso particular.

3. Explicaciones sencillas sobre los beneficios adicionales que justifican el ajuste tarifario.

4. Diálogo abierto con asociaciones de consumidores y medios de comunicación para aclarar dudas y mitigar confusiones.

El ajuste de tarifas del SOAP tras la Ley Jacinta es técnicamente defendible desde una perspectiva actuarial, pero ha expuesto un déficit de comunicación que está generando un daño reputacional real para el mercado asegurador.

En un producto obligatorio, de alta penetración y contacto directo con millones de ciudadanos, la forma importa tanto como el fondo. La industria tiene hoy la oportunidad —y la responsabilidad— de recuperar la narrativa, explicando claramente por qué cambia el precio, qué significa para los consumidores y cómo ese mayor costo se traduce en mayor protección.

Solo así podrá proteger no solo su sustentabilidad técnica, sino también su legitimidad social y la confianza de los asegurados.