Bomberos y seguros: la relación poco visible que ayuda a proteger a Chile

Cuando ocurre un incendio estructural, una emergencia industrial o un accidente de gran magnitud, Bomberos de Chile suele convertirse en la primera línea de respuesta. Lo que muchas veces pasa desapercibido es que existe desde hace décadas un sistema legal financiado por la industria aseguradora destinado a proteger a bomberos accidentados y a sus familias.

La relación entre Bomberos y el mercado asegurador no es casual. Tiene lógica histórica, técnica y económica.

Una relación histórica entre incendios y seguros

El desarrollo del seguro contra incendios y los cuerpos de bomberos siempre ha estado estrechamente conectado. Mientras las aseguradoras administran financieramente el riesgo, Bomberos actúa directamente sobre la mitigación y contención del daño cuando el siniestro ocurre.

En la práctica, una respuesta eficiente frente a incendios:

• reduce pérdidas materiales,

• limita propagación,

• disminuye severidad de siniestros,

• protege infraestructura,

• y reduce el impacto económico agregado sobre personas, empresas y aseguradoras.

Por eso, desde hace muchos años, el sistema chileno incorporó un mecanismo de financiamiento obligatorio desde el mercado asegurador hacia beneficios asociados a los voluntarios bomberiles.

Una obligación legal que existe desde hace más de 80 años

Aunque muchas veces se desconoce, la participación de las aseguradoras en este sistema tiene origen legal y se remonta a 1941, cuando se establecieron las primeras normas destinadas a financiar beneficios para bomberos accidentados en actos de servicio.

Posteriormente, el sistema fue consolidado y perfeccionado mediante el Decreto Ley N.º 1.757 de 1977, normativa que continúa vigente y que regula actualmente el financiamiento de estos beneficios.

La lógica detrás de esta obligación es relativamente simple: existe una relación directa entre la capacidad de respuesta frente a incendios y la reducción de pérdidas aseguradas.

Sin Bomberos:

• la severidad de los siniestros sería significativamente mayor,

• las pérdidas patrimoniales aumentarían,

• y el costo técnico del seguro contra incendios sería considerablemente más alto.

En otras palabras, Bomberos forma parte indirecta de la infraestructura de mitigación de riesgo sobre la cual opera el mercado asegurador chileno.

Cómo funciona el sistema

Actualmente, si un bombero resulta lesionado, accidentado o fallece en actos de servicio, tanto los gastos médicos como diversos beneficios económicos y pensiones para sus familiares son financiados mediante este sistema sostenido por las compañías aseguradoras.

La normativa contempla cobertura de:

• atención médica,

• hospitalización,

• tratamientos,

• rehabilitación,

• indemnizaciones,

• y pensiones para familiares en caso de fallecimiento.

El financiamiento opera mediante un mecanismo de prorrata administrado por la Comisión para el Mercado Financiero (CMF).

El DL 1.757 establece que las compañías aseguradoras que cubren el riesgo de incendio deben aportar recursos proporcionalmente a su participación en primas directas del ramo incendio durante el semestre anterior.

Es decir:

• mientras mayor volumen de primas de incendio tenga una aseguradora,

• mayor será también su aporte al sistema.

No se trata de un impuesto fijo ni de un monto uniforme por póliza emitida. El sistema distribuye el financiamiento entre las compañías según su exposición relativa al riesgo incendio dentro del mercado.

La CMF calcula periódicamente los montos necesarios para cubrir prestaciones y posteriormente realiza el cobro proporcional a las entidades aseguradoras correspondientes.

Mucho más que una transferencia financiera

Aunque el aporte establecido por ley suele percibirse simplemente como un mecanismo de financiamiento, su impacto real es mucho más profundo.

La existencia de una institución altamente profesionalizada, con cobertura territorial y capacidad operativa inmediata permite sostener condiciones básicas de asegurabilidad en múltiples sectores de la economía.

Industrias, comercios, edificios corporativos, centros logísticos e infraestructura crítica dependen, en parte, de que exista una capacidad efectiva de respuesta frente a incendios y emergencias mayores.

Mientras más eficiente sea esa capacidad:

• menores son las pérdidas esperadas,

• más controlable resulta el riesgo,

• y más viable se vuelve técnicamente asegurar determinadas actividades.

Por eso, el vínculo entre seguros y Bomberos no debe entenderse únicamente como una obligación normativa, sino también como parte de una lógica estructural de administración del riesgo país.

Los nuevos desafíos del riesgo

La evolución tecnológica y climática está modificando rápidamente el perfil de emergencias que enfrenta Chile.

Vehículos eléctricos, baterías de litio, infraestructura energética compleja, centros de datos, incendios forestales más agresivos y eventos climáticos extremos están elevando la severidad potencial de los siniestros.

Eso implica nuevas exigencias tanto para Bomberos como para las compañías aseguradoras.

La necesidad de equipamiento especializado, capacitación técnica y capacidad operativa avanzada será cada vez más relevante en un entorno donde los riesgos son más complejos y costosos.

En ese contexto, la relación entre el mercado asegurador y Bomberos probablemente será aún más importante en los próximos años.

Una relación poco visible para el público

La mayoría de las personas conoce el enorme valor social y humano de Bomberos de Chile. Sin embargo, existe una dimensión menos visible y profundamente relevante: su impacto económico sobre la resiliencia del país.

Cada incendio controlado representa:

• pérdidas evitadas,

• continuidad operacional preservada,

• menor destrucción patrimonial,

• y menores costos para asegurados, empresas y aseguradoras.

Y detrás de esa capacidad existe también una estructura financiera y regulatoria que durante décadas ha vinculado al mercado asegurador con la protección de quienes enfrentan directamente esos riesgos.

Porque en Chile, cuando un bombero se accidenta o pierde la vida en servicio, existe un sistema financiado por las compañías aseguradoras destinado a proteger económicamente tanto al voluntario como a su familia.

Y eso demuestra que la gestión del riesgo comienza mucho antes de pagar un siniestro: comienza apoyando a quienes ayudan a evitar que las pérdidas sean aún mayores.