Caso ProCultura: Suprema confirma multa a Aspor por no pago de $1.000 millones a Gobierno de Santiago

La Corte Suprema rechazó el recurso presentado por Aseguradora Porvenir S.A. (ASPOR) y confirmó la multa de 1.000 UF aplicada por la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), al considerar que la compañía incumplió las obligaciones asociadas a las pólizas de garantía emitidas a favor del Gobierno de Santiago en el marco del programa Quédate, ejecutado por la Fundación ProCultura.

Aunque el pago de las pólizas, por un monto superior a los $1.000 millones, continúa siendo materia de un juicio civil, la decisión del máximo tribunal constituye un hito relevante para el mercado asegurador, ya que reafirma el alcance y la naturaleza de las pólizas de garantía de primer requerimiento.

El origen de la controversia

El Gobierno de Santiago contrató con Aseguradora Porvenir cinco pólizas de garantía para resguardar los recursos destinados al programa de prevención del suicidio "Quédate", desarrollado por la Fundación ProCultura.

Tras el término anticipado del convenio por los incumplimientos detectados en la ejecución del proyecto, el Gobierno Regional hizo efectivas las garantías para recuperar cerca de $1.000 millones correspondientes a recursos públicos que no fueron ejecutados.

Sin embargo, la aseguradora no efectuó el pago dentro del plazo previsto, argumentando la necesidad de contar con mayores antecedentes y promoviendo acciones judiciales que suspendieron el desembolso mientras se resuelve el conflicto de fondo. Esa actuación motivó la sanción administrativa de la CMF, consistente en una multa de 1.000 UF, cuya legalidad fue ahora ratificada por la Corte Suprema.

El alcance del fallo

La sentencia confirma que, tratándose de pólizas de garantía de primer requerimiento, la aseguradora debía responder una vez formulada la solicitud de cobro por el beneficiario, sin condicionar el pago a la entrega de antecedentes adicionales ni invocar la existencia de otros litigios para postergar el cumplimiento de la obligación.

Este aspecto resulta especialmente relevante porque refuerza una característica esencial de este tipo de instrumentos: su finalidad es otorgar liquidez inmediata al beneficiario cuando se configura el incumplimiento previsto en la póliza.

Un precedente para la industria

Más allá del caso ProCultura, el fallo podría tener efectos relevantes para todo el mercado de las pólizas de garantía.

Estos instrumentos son ampliamente utilizados en contratos de obras públicas, concesiones, licitaciones, proyectos de infraestructura y convenios con organismos estatales, precisamente porque permiten proteger recursos públicos y privados frente al incumplimiento de obligaciones contractuales.

La confirmación de la sanción aplicada por la CMF fortalece la interpretación de que las garantías de primer requerimiento deben responder con rapidez y sin condicionamientos que desvirtúen su propósito económico.

Al mismo tiempo, el caso recuerda la importancia de que las aseguradoras definan con precisión el alcance de las coberturas que asumen y administren adecuadamente los riesgos asociados a este tipo de productos.

La posición de las partes

Tras conocerse la sentencia, el gobernador de Santiago, Claudio Orrego, sostuvo que el fallo confirma que la aseguradora debía cumplir con el pago cuando el Gobierno Regional hizo efectivas las pólizas y valoró la decisión como un respaldo a las acciones emprendidas para recuperar recursos públicos.

Por su parte, Aseguradora Porvenir manifestó que respeta y acata la resolución, aunque discrepa de su contenido. La compañía señaló que la decisión establece un precedente para el funcionamiento del mercado asegurador, particularmente respecto de la naturaleza jurídica de las pólizas de garantía. Asimismo, recordó que el juicio civil sobre la procedencia definitiva del pago continúa pendiente y que los montos reclamados se encuentran debidamente provisionados en sus estados financieros para ser pagados si así lo determina la justicia.

Más allá de ProCultura

La resolución de la Corte Suprema trasciende el caso específico de ProCultura y podría convertirse en un fallo de referencia para futuras controversias relacionadas con pólizas de garantía.

Para el mercado asegurador, la sentencia reafirma que estos instrumentos no solo cumplen una función comercial, sino también un rol fundamental en la protección de recursos públicos y en la confianza que depositan empresas y organismos estatales en este mecanismo de cobertura.

En un contexto donde las pólizas de caución y garantía han ganado protagonismo como alternativa a las tradicionales boletas bancarias, la certeza sobre las reglas que rigen su ejecución constituye un elemento esencial para la seguridad jurídica y el adecuado funcionamiento del mercado.