CNE exige devolución de seguros D&O pagados con fondos públicos por parte del Coordinador Eléctrico

La Comisión Nacional de Energía (CNE) ha solicitado formalmente al Coordinador Eléctrico Nacional que se restituyan los montos pagados en seguros de responsabilidad civil (conocidos como pólizas D&O), los cuales fueron contratados para proteger a sus directores y ejecutivos, y financiados con fondos institucionales.

Según información publicada en Emol, la Comisión envió un oficio en las últimas semanas para pedir detalles del uso de estos seguros, contratados con recursos públicos, apelando a la necesidad de claridad en el destino de estos gastos.

Esta solicitud se inserta en el contexto de una creciente polémica: tras el megaapagón del 25 de febrero que afectó a gran parte del país, surgieron denuncias de que el costo de estas pólizas podría favorecer a los directivos frente a eventuales sanciones, trasladando indirectamente parte del riesgo a los usuarios.

El Coordinador Eléctrico, por su parte, se defendió públicamente, asegurando que:

• Estas pólizas D&O se contratan desde 2017, como una práctica habitual en organismos colegiados, y están alineadas con buenas prácticas de gobernanza.

• Están reguladas por el artículo 212-9 de la Ley General de Servicios Eléctricos, que obliga al Coordinador a proporcionar defensa legal a sus consejeros.

• Estas pólizas no amparan conductas dolosas ni buscan cubrir sanciones personales: su propósito es proteger institucionalmente los recursos frente a costos legales que puedan entorpecer la operación del sistema eléctrico.

• La cobertura tiene un costo equivalente al 0,02% del presupuesto anual del organismo.

  
  

Contexto y relevancia para Seguro Visión

Para una entidad como Seguro Visión, medio especializado en seguros, este desarrollo es relevante por varias razones:

• Transparencia pública y buen uso de recursos: Están bajo escrutinio los mecanismos por los cuales se financian coberturas institucionales, lo que refuerza la necesidad de contratos claros, justos y bien comunicados.

• Claridad en cobertura D&O: La distinción entre protecciones legales frente a actos lícitos (a través del cargo institucional) y sanciones personales es clave para asegurar el respaldo adecuado y la legitimidad del seguro.

• Impacto presupuestario y reputacional: Aunque el costo es reducido, cualquier controversia asociada a su contratación puede afectar la percepción institucional y política, lo que exige una comunicación proactiva y transparente.