Corte de Apelaciones obliga a aseguradora a pagar cobertura por “uso no autorizado” en caso de estafa vehicular

 La Primera Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago revocó parcialmente una sentencia de primera instancia y ordenó a Liberty Compañía de Seguros Generales S.A. pagar $15 millones al asegurado afectado por la apropiación fraudulenta de su vehículo, al considerar que el hecho se enmarca en la cobertura por “uso no autorizado” contemplada en la póliza contratada.

El caso se originó cuando el demandante entregó voluntariamente su automóvil a un tercero para su venta, pero fue víctima de una estafa. La aseguradora rechazó el pago alegando que la cobertura por “uso no autorizado” aplicaba solo cuando el vehículo quedaba fuera del control del asegurado sin su consentimiento, lo que —a su juicio— no ocurría en este caso por haber existido entrega voluntaria.

No obstante, el tribunal sostuvo que el contrato era de adhesión y que, ante ambigüedad o duda en una cláusula, la interpretación debe favorecer al asegurado, conforme a la Ley de Seguros. La Corte enfatizó que la compañía no definió expresamente en el contrato qué debía entenderse por “uso no autorizado”, por lo que el siniestro derivado de la estafa debía incluirse en dicha cobertura.

La sentencia destaca que existía una condena penal ejecutoriada contra el estafador, lo que reforzó la versión del afectado. Sin embargo, el tribunal rechazó la indemnización por daño moral solicitada, ya que el demandante no presentó pruebas suficientes para acreditarlo.

En consecuencia, Liberty Seguros deberá pagar el valor comercial del vehículo fijado en la póliza —$15.000.000—, sin costas para ninguna de las partes.

El fallo fue adoptado por mayoría, con el voto en contra del abogado integrante Luis Hernández Olmedo, quien consideró que la cobertura no debía extenderse a casos de estafa, ya que implicaban una entrega voluntaria, aunque mediara engaño, y no un uso sin consentimiento en el sentido estricto de la cláusula.

Este pronunciamiento reafirma la importancia de la redacción clara y precisa en las pólizas de seguros, así como la aplicación del principio pro asegurado ante cláusulas ambiguas o poco definidas.