Chile: Corte Suprema rechaza recurso de HDI Seguros por cálculo de reajustes e intereses en juicio de cobro
El máximo tribunal desestimó la casación presentada por la aseguradora, al concluir que sus argumentos contenían imprecisiones y contradicciones respecto de las pretensiones formuladas durante el proceso. El fallo aborda aspectos relevantes sobre la exigibilidad de las obligaciones, la mora del deudor y el cálculo de intereses en los procesos de recuperación de pagos efectuados por las compañías de seguros.
La Corte Suprema rechazó un recurso de casación en el fondo presentado por HDI Seguros S.A. en el marco de un juicio de cobro de pesos derivado de un contrato de contragarantía de seguro de fianza, en el que la compañía buscaba modificar la forma en que se habían determinado los reajustes y los intereses aplicables a las sumas adeudadas.
La controversia se originó en un convenio de pago suscrito el 18 de mayo de 2015, mediante el cual el deudor se comprometió a pagar a la aseguradora $3.180.118 en once cuotas mensuales. El acuerdo contemplaba diez cuotas de $50.000 y una última de $2.680.118.
Adicionalmente, el demandado había suscrito, junto con otras personas, un contrato de contragarantía de seguros de fianza, mediante el cual se comprometía a responder por las obligaciones del afianzado y a reembolsar a la compañía las sumas que esta debiera pagar al beneficiario de la póliza.
Ante el incumplimiento del convenio, HDI Seguros presentó en septiembre de 2019 una demanda de cobro de pesos, solicitando el pago del capital adeudado, una multa contractual de $636.024 y la aplicación de intereses máximos convencionales desde la fecha que consideraba configurada la mora.
Las diferencias sobre el cálculo de los intereses
En primera instancia, el Segundo Juzgado Civil de Santiago acogió parcialmente la excepción de prescripción respecto de las primeras seis cuotas y rechazó la demanda en los demás términos planteados.
Posteriormente, la Corte de Apelaciones de Santiago revocó parcialmente esa decisión y ordenó al demandado pagar $2.880.118 por concepto de capital adeudado y $636.024 por la multa pactada, estableciendo que los reajustes se calcularían desde que la sentencia quedara ejecutoriada y los intereses corrientes desde la mora del deudor.
HDI Seguros recurrió ante la Corte Suprema, argumentando que tanto los reajustes como los intereses debían contabilizarse desde el retardo en el cumplimiento de la obligación, que situaba el 30 de diciembre de 2015. Asimismo, sostuvo que correspondía aplicar el interés máximo convencional pactado y no el interés corriente establecido por los tribunales inferiores.
La aseguradora también planteó que la decisión afectaba su posibilidad de subrogarse íntegramente en los derechos del asegurado para recuperar los desembolsos realizados.
Las contradicciones que llevaron al rechazo del recurso
Uno de los aspectos centrales del pronunciamiento fue la identificación de imprecisiones y contradicciones en los argumentos presentados por HDI Seguros.
La Corte Suprema observó que la compañía no había solicitado expresamente los reajustes en su demanda. Por otra parte, había utilizado indistintamente los conceptos de retardo y mora al fundamentar desde cuándo debían calcularse los intereses.
En consecuencia, el máximo tribunal estimó que no existía un agravio que justificara modificar la decisión de los tribunales inferiores respecto de estos puntos, dado que la compañía había obtenido una decisión compatible con los términos en que formuló originalmente su pretensión.
La sentencia también destacó que HDI había sostenido durante la tramitación del juicio una determinada interpretación sobre la oportunidad en que operaba la cláusula de aceleración, posición que posteriormente modificó al fundamentar su recurso. Para la Corte, no resultaba admisible construir una impugnación sobre una postura distinta de aquella que la propia parte había defendido durante el proceso.
Respecto de los reajustes, el tribunal agregó que su otorgamiento, aun cuando no hubieran sido solicitados expresamente, no necesariamente implica conceder más de lo pedido, puesto que el juez puede disponerlos para evitar la pérdida de valor de la suma adeudada como consecuencia del transcurso del tiempo.
Una consideración relevante sobre el interés aplicable
El pronunciamiento también aborda la discusión relativa a la tasa de interés convencional que correspondía aplicar, aspecto que debía analizarse considerando las condiciones del convenio de pago y el plazo establecido para satisfacer la totalidad de la deuda.
La controversia pone de relieve la importancia de distinguir entre el vencimiento de una cuota, la exigibilidad anticipada de la totalidad de una obligación por aplicación de una cláusula de aceleración y la constitución en mora del deudor. Son conceptos jurídicos relacionados, pero no necesariamente equivalentes, y su utilización imprecisa puede tener consecuencias económicas relevantes en un proceso de recuperación de créditos.
Finalmente, la Primera Sala de la Corte Suprema, mediante sentencia de 9 de noviembre de 2026, Rol N.º 52.996-2025, rechazó el recurso de casación en el fondo presentado por HDI Seguros.
Implicancias para la industria aseguradora
Más allá del resultado particular del litigio, este caso resulta de interés para las compañías aseguradoras que operan en el negocio de seguros de fianza y que, después de indemnizar a los beneficiarios, deben ejercer sus derechos de recuperación frente a los afianzados y sus codeudores solidarios.
El fallo recuerda que la recuperación de las sumas pagadas no depende exclusivamente de la existencia de una contragarantía o de la procedencia del cobro. También exige una adecuada estructuración contractual y una estrategia procesal coherente, especialmente cuando se busca recuperar capital, intereses y reajustes.
Para las aseguradoras, la precisión en la redacción de los contratos, la determinación de los plazos de reembolso, las cláusulas de aceleración y la definición de los intereses aplicables constituye un elemento fundamental para proteger sus derechos de recuperación y evitar controversias que puedan prolongar o dificultar el proceso de cobro.
En definitiva, el caso demuestra que una posición jurídicamente defendible puede verse debilitada cuando las pretensiones formuladas en la demanda y los argumentos utilizados posteriormente en el juicio no mantienen la debida coherencia.

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