España avanza hacia la obligatoriedad del seguro de responsabilidad civil para todos los perros

La industria aseguradora española se prepara para la entrada en vigor de una de las medidas más relevantes contempladas en la Ley de Bienestar Animal: la contratación obligatoria de un seguro de responsabilidad civil para todos los propietarios de perros, independientemente de la raza, tamaño o edad del animal.

Aunque la obligación fue incorporada por la Ley 7/2023 de Protección de los Derechos y el Bienestar de los Animales, su aplicación efectiva a nivel nacional aún depende de la aprobación del reglamento que desarrollará los aspectos operativos de la norma, entre ellos los capitales mínimos asegurados, las condiciones de contratación y los mecanismos de fiscalización.

Un cambio relevante para el mercado asegurador

Hasta ahora, la obligatoriedad de contar con un seguro de responsabilidad civil estaba limitada principalmente a los denominados perros potencialmente peligrosos (PPP), así como a determinadas comunidades autónomas que habían establecido exigencias más amplias mediante normativa propia.

La nueva legislación busca extender la cobertura a la totalidad de los perros del país, trasladando a los propietarios la obligación de responder económicamente por los daños personales o materiales que sus mascotas puedan ocasionar a terceros.

Desde la perspectiva aseguradora, la medida representa una ampliación significativa del universo de riesgos asegurables y podría impulsar el desarrollo de nuevos productos específicos para mascotas, tanto en el ámbito de la responsabilidad civil como en coberturas complementarias de asistencia veterinaria, accidentes y protección jurídica.

¿Qué cubrirá el seguro?

Si bien el reglamento definitivo aún no ha sido publicado, los borradores conocidos hasta la fecha contemplan que la póliza cubra los daños personales, materiales y perjuicios económicos que un perro pueda causar a terceros. Entre los eventos habitualmente cubiertos se encuentran mordeduras, lesiones a personas, daños a otros animales y perjuicios ocasionados a bienes de terceros.

Asimismo, muchas pólizas de responsabilidad civil incluyen gastos de defensa jurídica, representación legal y gestión de reclamaciones, elementos que adquieren especial relevancia ante el aumento de la litigiosidad asociada a este tipo de siniestros.

Diversas fuentes del mercado español señalan que el borrador reglamentario considera una cobertura mínima de 100.000 euros para la responsabilidad civil de los perros, aunque este monto podría sufrir modificaciones antes de su aprobación definitiva.

Un instrumento de protección financiera

Desde la óptica del seguro, la medida busca garantizar que las víctimas de un eventual accidente provocado por una mascota cuenten con una fuente de indemnización adecuada, al tiempo que protege el patrimonio de los propietarios frente a reclamaciones que podrían alcanzar montos significativos.

La experiencia internacional muestra que los siniestros asociados a animales de compañía pueden generar elevados costos médicos, gastos de rehabilitación, indemnizaciones por incapacidad temporal o permanente e incluso litigios civiles complejos, especialmente cuando existen lesiones graves.

En este contexto, la responsabilidad civil actúa como un mecanismo de transferencia de riesgos que permite absorber el impacto financiero de estos eventos, evitando que el costo recaiga íntegramente sobre las familias afectadas.

Impacto esperado en el sector asegurador

La futura entrada en vigor de la obligación podría incorporar a millones de nuevos asegurados al mercado español. Según estimaciones difundidas por distintos actores del sector, España cuenta con más de nueve millones de perros registrados, lo que convierte a este segmento en uno de los mayores nichos de crecimiento para los seguros vinculados a mascotas.

Además del crecimiento en primas, la medida podría contribuir a una mayor concienciación sobre la gestión responsable de riesgos asociados a la tenencia de animales de compañía, alineándose con tendencias observadas en otros mercados europeos donde la protección financiera frente a daños causados por mascotas forma parte de las prácticas habituales de aseguramiento.

A la espera del reglamento

Pese a que la Ley de Bienestar Animal establece el principio de obligatoriedad, organismos públicos y expertos jurídicos han precisado que la exigencia general aún no resulta plenamente aplicable mientras no se apruebe el correspondiente reglamento de desarrollo. Por ello, actualmente la obligación continúa limitada a los supuestos previstos por la normativa vigente para perros potencialmente peligrosos y a aquellas comunidades autónomas que ya exigen este tipo de cobertura.

Cuando el reglamento sea finalmente aprobado, España se convertirá en uno de los países europeos con una de las regulaciones más amplias en materia de responsabilidad civil asociada a la tenencia de perros, reforzando el papel del seguro como herramienta de protección financiera tanto para propietarios como para terceros afectados.