La nueva Ley de Incendios en Chile: contenido, avances y críticas a su enfoque preventivo

En enero de 2026, el Senado de Chile aprobó en particular el proyecto de la llamada “Ley de Incendios”, una iniciativa que busca regular y fortalecer el marco jurídico para la prevención y la mitigación de incendios forestales y rurales, consolidándolo como parte del ordenamiento legal nacional y dotando de herramientas a instituciones estatales para enfrentar estos fenómenos que han cobrado gran relevancia en los últimos años.

¿Qué propone la Ley?

El proyecto —que fue despachado a tercer trámite constitucional en la Cámara de Diputados tras ser aprobado por amplia mayoría en el Senado— tiene como objetivo establecer un marco regulatorio más sólido para abordar los incendios. Entre los elementos centrales se encuentran:

• Definición de zonas de alto riesgo, como la “interfaz urbano-rural” y zonas de amortiguación, que concentran viviendas, infraestructura y vegetación susceptible al fuego.

• Obligaciones para propietarios de predios en zonas de riesgo, incluidas medidas como la creación de cortafuegos y el manejo de la vegetación, con la autoridad para fiscalizar el cumplimiento.

• Fortalecimiento de instituciones encargadas, como el Servicio Nacional Forestal (Sernafor), con mayores facultades para supervisar y sancionar incumplimientos en planes preventivos y de mitigación.

• Educación técnica y corresponsabilidad ciudadana, incentivando el conocimiento y la participación comunitaria en acciones vinculadas al riesgo de incendios.

• Cooperación entre diversos organismos públicos, así como asistencia técnica a pequeños productores para aplicar medidas de cuidado del territorio.

• Modificación de normas urbanísticas, agilizando la actualización de instrumentos de planificación territorial para incorporar criterios frente a amenazas de desastres.

• Sistema sancionatorio y fiscalización, estableciendo multas por incumplimientos y procedimientos para hacer cumplir las obligaciones.

En palabras de autoridades e impulsores del proyecto, la ley busca “llegar antes que el fuego”, reduciendo los daños a personas, bienes, infraestructura y ecosistemas mediante un enfoque integral de prevención y gestión del riesgo

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Aspectos novedosos

El proyecto contiene varias innovaciones importantes:

• Creación de categorías territoriales específicas, que permitirán priorizar acciones y recursos donde el riesgo es más alto.

• Responsabilidad directa de propietarios y actores productivos, con obligaciones claras frente a la gestión del riesgo en sus terrenos.

• Mayor coordinación interinstitucional, con roles definidos para diferentes servicios públicos.

• Incentivos a prácticas agroforestales y educación, incorporando visiones técnicas y sociales que complementan la gestión del fuego.

  
  

Críticas recurrentes: ¿falta de medidas reales de prevención?

A pesar de estos avances, diversos gremios y organizaciones han expresado fuertes críticas a la iniciativa, señalando que, en su forma actual, no incorpora medidas eficaces o claras para prevenir los incendios antes de que ocurran, especialmente cuando se trata de atacar las causas estructurales del problema.

Entre las principales críticas se encuentran:

• Insuficiente atención a la prevención temprana: Algunos sectores afirman que, aunque el proyecto menciona “prevención”, carece de herramientas detalladas y obligatorias para evitar que se inicien los siniestros, como programas exigentes de manejo de combustibles, control ambiental directo o fiscalización robusta de prácticas de riesgo.

• Falta de sanciones claras contra la intencionalidad: Se ha cuestionado que el proyecto no contemple sanciones específicas para quienes causan incendios de forma intencional o negligente, ni refuerzos suficientes para la persecución de estos delitos.

• Vacíos en persecución de responsables: Aun cuando existen debates en torno a fortalecer la persecución penal y administrativa, gremios han señalado que la ley apenas roza estas materias y no entrega herramientas efectivas al Ministerio Público u otras instituciones para actuar rápidamente.

• Enfoque reactivo más que preventivo: Críticos sostienen que la ley pone énfasis en la mitigación y control del fuego ya iniciado —mediante cortafuegos y roles institucionales— sin abordar de fondo la raíz del problema: reducir activamente las condiciones que propician la ocurrencia de incendios y su propagación.

Este punto de vista es compartido por expertos que advierten que sin una planificación territorial integral, educación masiva, mecanismos financieros para la prevención y sanciones disuasorias, la ley puede quedarse corta frente a la creciente amenaza de incendios forestales.

La nueva Ley de Incendios que avanza en el Congreso chileno representa un paso importante y esperado por muchos sectores para modernizar el marco jurídico frente a siniestros forestales y rurales, dotando de herramientas técnicas, institucionales y normativas para gestionar estos eventos.

Sin embargo, las críticas sobre la ausencia de medidas concretas y exigibles de prevención temprana —en particular la falta de sanciones por intencionalidad y procedimientos claros para evitar que los incendios se inicien— ponen de manifiesto una preocupación legítima: que la ley pueda resultar más enfocada en mitigar y responder a incendios ya en curso, y menos en evitar que ocurran en primer lugar.

Esto abre un debate crucial: ¿es suficiente regular y sancionar después del hecho, o se requiere un enfoque mucho más agresivo en prevención estructural y gestión del riesgo integral para enfrentar los desafíos que impone el cambio climático y la expansión de áreas vulnerables en Chile?