Ley Jacinta y SOAP 2026: una implementación tardía que genera brechas de cobertura y efectos colaterales en el sistema

La promulgación de la Ley Jacinta representa un avance relevante en materia de protección a las personas afectadas por accidentes de tránsito, al incrementar significativamente los montos de cobertura del Seguro Obligatorio de Accidentes Personales (SOAP) y reducir los plazos de pago de indemnizaciones en caso de fallecimiento. No obstante, la forma y oportunidad de su implementación han generado una serie de efectos no deseados que hoy impactan al mercado asegurador, a las víctimas de accidentes y también a las municipalidades.

La ley fue publicada en el Diario Oficial el 7 de febrero de 2026, cuando ya se encontraba en pleno desarrollo el proceso de renovación de los Permisos de Circulación, el cual se inicia cada año el 1° de febrero y exige, como requisito indispensable, la contratación previa del SOAP.

Pólizas vendidas antes de la entrada en vigencia

Producto de esta descoordinación temporal, el mercado alcanzó a comercializar aproximadamente 270.000 pólizas SOAP bajo las condiciones vigentes anteriores a la Ley Jacinta. Estas pólizas mantendrán su vigencia hasta el 31 de marzo de 2027, lo que implica que durante todo el año 2026 y parte de 2027 coexistirán pólizas con distintas coberturas.

En la práctica, esto significa que el monto de las indemnizaciones que recibirán las víctimas de un accidente de tránsito dependerá exclusivamente del momento en que el automovilista contrató su SOAP, y no de la entidad del daño sufrido. Así, dos personas afectadas por accidentes similares podrían acceder a beneficios muy distintos, únicamente por una diferencia de días en la fecha de contratación del seguro.

Impacto en las víctimas y en la equidad del sistema

Esta coexistencia de coberturas introduce un problema evidente de equidad para los terceros afectados, quienes no tienen ningún control sobre la fecha en que fue adquirido el SOAP del vehículo involucrado. Ello debilita el principio básico del seguro obligatorio: otorgar una protección mínima uniforme y garantizada frente a los riesgos del tránsito.

Además, la situación genera confusión y mayor carga operativa para aseguradoras, intermediarios y usuarios, en un producto que históricamente se ha caracterizado por su simplicidad y estandarización.

Efectos en las municipalidades

La implementación tardía de la Ley Jacinta no solo ha afectado al mercado asegurador y a las víctimas, sino también a las municipalidades, que administran el proceso de otorgamiento de los Permisos de Circulación. La suspensión temporal de la venta del SOAP y los ajustes posteriores en las pólizas se tradujeron en:

• Dificultades operativas en el proceso de renovación de permisos.

• Retrasos y confusión entre los contribuyentes, obligados a postergar trámites.

• Presión adicional sobre los sistemas municipales, especialmente en comunas con alto volumen de renovaciones presenciales y digitales.

Todo ello en un período crítico del año, donde los permisos de circulación representan una fuente relevante de ingresos municipales.

Una implementación que pudo anticiparse

Considerando que el calendario de renovación de los Permisos de Circulación —que comienza el 1° de febrero— es conocido, estable y previsible, habría sido razonable que la autoridad hubiese anticipado la entrada en vigencia de la Ley Jacinta o establecido un régimen de transición distinto, evitando:

• La suspensión de la venta del SOAP en pleno período de alta demanda.

• La comercialización masiva de pólizas que quedarían desalineadas con la nueva normativa pocos días después.

• La brecha de coberturas que afectará a las víctimas de accidentes de tránsito todo un año.

• Las externalidades negativas para las municipalidades, que no fueron consideradas en el diseño de la implementación.

  
  

Lecciones para futuras reformas

La experiencia deja una señal clara: las reformas a seguros obligatorios no solo deben evaluarse desde el punto de vista de sus beneficios, sino también desde su coordinación con los ciclos operativos del sistema. En productos de alta penetración y fuerte impacto social como el SOAP, la oportunidad de implementación es tan relevante como el contenido de la norma.

La Ley Jacinta avanza en la dirección correcta en términos de protección, pero su puesta en marcha demuestra que una política pública bien intencionada puede ver debilitado su impacto positivo cuando no se articula adecuadamente con la realidad operativa del mercado, de las municipalidades y de las personas a las que busca proteger.