Longevidad y pensiones: el desafío que la reforma dejó pendiente

La aceleración del envejecimiento poblacional en Chile transformó el debate previsional: lo que hace dos años se discutía en términos difusos sobre “mayor esperanza de vida” hoy exige políticas concretas y recursos adicionales para garantizar pensiones dignas y sostenibles. Esa fue la advertencia central del último Seminario Internacional de la Federación Internacional de Administradoras de Fondos de Pensiones (FIAP), cuyo eje temático fue precisamente el papel de los sistemas de capitalización frente a sociedades más longevas.

Los datos demográficos hacen tangible el problema. Los resultados del Censo 2024 muestran un país que envejece a un ritmo inédito: por cada 100 personas de 14 años o menos hay 79 personas de 65 años o más, una relación que se ha multiplicado en las últimas décadas y sitúa a Chile entre los países de Latinoamérica con el mayor índice de envejecimiento. Ese cambio reduce la proporción de población en edad laboral activa que cotiza hoy y plantea una presión creciente sobre las cuentas del sistema de pensiones en el futuro cercano.

¿Qué implican estas cifras para las pensiones? En términos simples: mientras mayor sea la esperanza de vida, más tiempo deberán financiarse las pensiones. Si no hay un aumento proporcional del ahorro previsional (o alternativas de financiamiento), las opciones son limitadas: pensiones más bajas, mayores transferencias fiscales o cambios estructurales que incrementen la base de cotizantes —por ejemplo, más empleo formal o retraso de la edad efectiva de jubilación. Esa conclusión fue parte del diagnóstico compartido por panelistas y expertos en FIAP: la longevidad obliga a diseñar instrumentos y estrategias nuevas —desde seguros de longevidad hasta productos colectivos de retiro— para complementar el ahorro individual.

La reforma previsional en Chile introdujo cambios destinados a aumentar el monto de las pensiones y mejorar equidad, pero no incluyó la propuesta explícita de elevar la edad legal de jubilación. Esa ausencia coloca sobre la mesa una tensión política y técnica: elevar la edad de retiro es una palanca efectiva para mejorar la sostenibilidad (al ampliar la fase de acumulación y reducir la duración del pago de pensiones), pero es también una medida que enfrenta resistencias sociales y requiere acompañamiento (empleo para mayores, capacitación, adecuación de puestos de trabajo).

Los análisis económicos y fiscales que acompañan el diagnóstico son contundentes: el sistema actual no está completamente preparado para soportar el impacto del envejecimiento sin ajustes complementarios. Informes oficiales y estudios académicos recomiendan una combinación de medidas: aumentar el ahorro previsional (tanto obligatorio como voluntario), promover mercados de rentas y seguros de longevidad, diseñar incentivos para prolongar la vida laboral activa y aumentar la formalización del empleo —además de prever instrumentos de protección social para los segmentos más vulnerables donde el ahorro individual no alcanza.

¿Qué caminos son viables (y cuáles trae cada uno)?

• Más ahorro previsional. Incrementar la tasa de cotización o fortalecer mecanismos voluntarios puede elevar futuras pensiones, pero implica menores ingresos disponibles hoy y un fuerte debate político sobre quién asume esos costos.

• Elevar la edad de jubilación (gradual). Es técnicamente eficaz para la sostenibilidad, siempre que vaya acompañada de políticas activas de empleo y salud laboral para personas mayores. No fue incorporada en la reforma vigente, por lo que su eventual implementación requeriría un nuevo consenso.

• Instrumentos colectivos (seguros de longevidad, rentas vitalicias más eficientes). Permiten transferir riesgo de longevidad y pueden complementar las cuentas individuales, pero exigen mercados profundos y supervisión.

  
  

El mensaje del seminario FIAP y de los informes demográficos es claro: el envejecimiento acelerado no admite respuestas aisladas. Si la sociedad chilena quiere pensiones más altas y sostenibles, hará falta una combinación de mayor ahorro, instrumentos financieros que compartan el riesgo de longevidad, políticas laborales que permitan prolongar vidas laborales de calidad y reformas fiscales que protejan a los más vulnerables. La reforma actual fue un paso, pero no resolvió todas las tensiones —en particular dejó fuera una discusión explícita sobre la edad de jubilación—, por lo que el debate público y técnico deberá intensificarse en los próximos años para construir soluciones viables y socialmente aceptables.