Polémica entre el GORE Metropolitano y ASPOR: el debate por las pólizas de garantía contratadas por Procultura

En los últimos días, ha escalado públicamente una controversia entre el Gobierno Regional Metropolitano (GORE) y la aseguradora ASPOR, en relación con el pago de pólizas de garantía asociadas a convenios suscritos con la Fundación Procultura. El conflicto quedó al descubierto luego de las declaraciones del gobernador Claudio Orrego, quien acusó a la aseguradora de negarse a pagar dichas garantías, pese al eventual incumplimiento de los compromisos por parte de la fundación.

La respuesta de ASPOR no se hizo esperar. En una carta publicada en el diario El Mercurio, Juan Eduardo Ovalle Gandarillas, gerente general de la aseguradora, aclaró que “no es efectivo, como afirmó el gobernador, que nuestra compañía se haya negado al pago de las pólizas contratadas”. Según explicó Ovalle, la compañía recurrió a tribunales para determinar si corresponde efectuar el pago, debido a que existen antecedentes que podrían configurar la inexistencia del convenio "Quédate", lo que eventualmente invalidaría las pólizas asociadas.

El ejecutivo añadió que, en caso de que la justicia determine que corresponde pagar, los montos ya se encuentran debidamente provisionados y podrán ejecutarse de forma inmediata. Asimismo, remarcó que las acciones legales del GORE han sido rechazadas tanto en primera instancia como por la Corte de Apelaciones, y que es la justicia la que ha suspendido temporalmente el pago, a la espera del pronunciamiento definitivo.

La postura de la Asociación de Aseguradores

El caso generó una respuesta institucional por parte del presidente de la Asociación de Aseguradores de Chile (AACH), Alejandro Alzérreca, quien señaló que las aseguradoras “no pueden ser tratadas como simples garantes sin el respaldo contractual y jurídico correspondiente”.

En declaraciones a diversos medios, Alzérreca enfatizó que las compañías de seguros tienen el deber de actuar con responsabilidad frente a eventuales irregularidades, ya que el principio de buena fe es esencial para la estabilidad del sistema. “La industria no puede pagar automáticamente si existen dudas fundadas sobre la existencia o validez de los contratos que dan origen a las pólizas”, puntualizó.

Un debate más profundo

El caso refleja una tensión más amplia en torno al uso de pólizas de garantía en convenios públicos con fundaciones, particularmente en medio del llamado "caso convenios", que ha puesto bajo escrutinio diversos mecanismos de financiamiento estatal. Las aseguradoras, por su parte, han comenzado a revisar con mayor rigurosidad la suscripción de este tipo de coberturas, ante el riesgo de ser involucradas en operaciones irregulares o montajes jurídicamente frágiles.

Para el GORE Metropolitano, lo que está en juego es el resguardo de los recursos públicos, mientras que para ASPOR y el resto del sector asegurador, se trata de respetar los marcos legales y contractuales que rigen las pólizas. La resolución judicial que se espera en los próximos meses podría sentar un precedente clave para la relación entre el Estado y las compañías de seguros en futuros convenios de garantía.

El caso está lejos de cerrarse, pero ya marca un punto de inflexión en cómo se gestionan los riesgos institucionales y cómo opera el ecosistema asegurador en contextos de alta sensibilidad política y jurídica.