Presunto fraude en pólizas de garantía: el caso SCADA–ORSAN y sus implicancias para el mercado asegurador

Un nuevo caso en investigación por presunto fraude de seguros vuelve a tensionar la industria en Chile, esta vez en un segmento particularmente sensible: las pólizas de garantía asociadas a contratos de infraestructura.

La causa, que se tramita en el 4° Juzgado de Garantía de Santiago y es investigada por la Fiscalía Local de Las Condes, enfrenta a la concesionaria Sociedad Concesionaria Aeropuerto Diego Aracena (SCADA) con ORSAN Seguros de Crédito y Garantía, en un conflicto que podría sentar precedentes relevantes tanto en materia penal como en la gestión del riesgo asegurador.

El caso: activación de garantías bajo cuestionamiento

Según la querella presentada por ORSAN, la concesionaria habría intentado cobrar de forma irregular dos pólizas de garantía por un total de UF 234.393,8 (aproximadamente US$ 9 millones), vinculadas al contrato de construcción y modernización del aeropuerto de Iquique.

Las pólizas fueron emitidas en el marco de un contrato EPC suscrito en 2017 con Claro Vicuña Valenzuela, empresa responsable de ejecutar las obras.

Tras la liquidación voluntaria de la constructora a fines de 2022, SCADA solicitó el cobro íntegro de las garantías, argumentando incumplimientos contractuales. Sin embargo, ORSAN rechazó el siniestro, sosteniendo que no se configuraban las condiciones para activar las pólizas.

El conflicto escaló a sede penal cuando la aseguradora acusó a la concesionaria de haber falseado antecedentes para justificar el cobro, lo que podría configurar fraude de seguros.

Un elemento crítico: las “Bases de acuerdo”

Uno de los antecedentes más delicados del caso es la existencia de un documento denominado “Bases de acuerdo”, fechado en julio de 2023.

Según la querella:

• SCADA habría propuesto a la constructora repartir los montos obtenidos

• Hasta un 60% de los recursos provenientes del seguro serían transferidos a Claro Vicuña Valenzuela

• Se incentivaba la colaboración para facilitar el cobro de las pólizas

Este documento es interpretado por ORSAN como evidencia de un eventual plan concertado para obtener pagos indebidos, mediante la simulación de incumplimientos o daños contractuales.

La constructora, según los antecedentes, no habría aceptado dicha propuesta.

El marco legal: la nueva Ley de Delitos Económicos

El caso adquiere especial relevancia porque se enmarca en la reciente Ley de Delitos Económicos de Chile, que amplía significativamente la responsabilidad penal de las personas jurídicas.

En este contexto:

• SCADA fue incorporada en la querella como persona jurídica

• Se investigaría el delito de fraude de seguros

• Las sanciones potenciales incluyen:

  • Prohibición de contratar con el Estado

  • Multas relevantes

  • Incluso la disolución de la empresa

Este punto marca un cambio estructural: ya no solo se persiguen responsabilidades individuales, sino también corporativas.

Implicancias para el mercado de garantías

Más allá del caso específico, este episodio abre varias alertas para la industria:

1. Riesgo de judicialización de siniestros

Las pólizas de garantía —especialmente en contratos de infraestructura— pueden transformarse en espacios de disputa legal compleja, donde la interpretación del incumplimiento es clave.

2. Aumento del riesgo moral

Si se comprueba la existencia de intentos de cobro indebido, se refuerza un riesgo crítico en este tipo de productos: el incentivo a activar garantías en contextos discutibles.

3. Revisión de procesos de suscripción

Las aseguradoras probablemente deberán:

• Endurecer criterios de evaluación

• Reforzar análisis contractual

• Profundizar el monitoreo durante la vigencia del proyecto

4. Impacto en pricing y condiciones

Casos como este tienden a traducirse en:

• Mayores primas

• Condiciones más restrictivas

• Mayor exigencia de contragarantías

  
  

Un punto clave: la delgada línea entre incumplimiento y fraude

Uno de los aspectos más complejos en este tipo de casos es diferenciar:

• Un incumplimiento contractual legítimo, que habilita el cobro de la garantía

• De una simulación o manipulación de antecedentes, que configura fraude

Esa línea es jurídicamente fina, pero técnicamente crítica para el negocio asegurador.

Señal de alerta

El caso SCADA–ORSAN no es solo un litigio puntual. Es una señal de alerta para el mercado de seguros de garantía en Chile.

En un contexto donde los proyectos de infraestructura son cada vez más complejos y donde la presión financiera sobre los contratos aumenta, el riesgo de conflictos —y eventualmente de conductas indebidas— también crece.

La aplicación de la Ley de Delitos Económicos de Chile introduce además un nuevo estándar de responsabilidad, que obliga a las empresas a reforzar sus sistemas de control y cumplimiento.

Para la industria aseguradora, el mensaje es claro:no basta con suscribir bien el riesgo; también es clave anticipar cómo ese riesgo puede evolucionar —y eventualmente escalar— en escenarios de tensión contractual.