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Quemas preventivas no autorizadas: cuando se ignoró la advertencia de los expertos

Los incendios forestales que hoy afectan gravemente a la zona centro sur de Chile no pueden explicarse únicamente por condiciones climáticas extremas o por la acción humana. También son consecuencia de decisiones administrativas que no se tomaron, pese a advertencias técnicas claras y oportunas realizadas por quienes conocen y gestionan el riesgo de incendios forestales.

Durante los meses previos a la temporada crítica, la Corporación Chilena de la Madera (Corma), Bomberos de Chile, la Corporación Nacional Forestal (Conaf) y empresas forestales como Arauco solicitaron formalmente la autorización para ejecutar quemas preventivas y controladas en sectores previamente identificados como de alto riesgo.

Sin embargo, dichas solicitudes no fueron autorizadas por la Delegación Presidencial Regional del Biobío ni por la Seremi de Medio Ambiente, quienes optaron por privilegiar el Plan de Descontaminación Atmosférica, señalando que este instrumento no permite la realización de las quemas preventivas solicitadas.


Una decisión administrativa frente a un riesgo conocido

Al momento de presentar estas solicitudes, las instituciones requirentes advirtieron explícitamente que, de no realizarse las quemas preventivas, existía una alta probabilidad de que se produjeran incendios de gran magnitud, como los que hoy estamos lamentando.

La advertencia fue clara y técnica: la acumulación de material vegetal altamente combustible, combinada con sequía prolongada, altas temperaturas y vientos intensos, configuraba un escenario de riesgo extremo. Pese a ello, se optó por una interpretación normativa que dejó sin ejecución una de las herramientas de prevención más efectivas disponibles.


Prevención utilizada en el mundo, descartada a nivel local

Las quemas preventivas controladas no son una medida improvisada ni excepcional. Se trata de una herramienta de manejo del riesgo utilizada globalmente, aplicada en países como Estados Unidos, Canadá, Australia y diversas naciones europeas, bajo estrictos protocolos técnicos y ambientales.

Su objetivo no es generar daño ambiental, sino reducir de manera controlada la carga de combustible, evitando incendios descontrolados que provocan impactos ambientales, sociales y económicos infinitamente mayores que los efectos temporales de una quema planificada.


Pérdidas y muertes que pudieron evitarse

Hoy, con el daño ya materializado, resulta inevitable concluir que si se hubiera escuchado a los expertos, una parte significativa de esta tragedia podría haberse evitado. No solo hablamos de pérdidas económicas millonarias y de miles de hectáreas arrasadas, sino también de viviendas destruidas, comunidades desplazadas y, lo más grave, de vidas humanas perdidas.

La prevención fue solicitada, el riesgo fue advertido y las consecuencias fueron anticipadas.


Una lección crítica para la gestión del riesgo

Para el mercado asegurador, estos hechos reafirman una lección esencial: la gestión del riesgo comienza mucho antes del siniestro. Cuando las alertas técnicas son ignoradas y se privilegian criterios administrativos por sobre la evidencia, el costo final lo asume toda la sociedad, incluyendo al sistema asegurador, que enfrenta una siniestralidad creciente en eventos previsibles.

La conclusión es incómoda, pero necesaria: no todos los incendios son inevitables; muchas de sus consecuencias sí eran evitables. Escuchar a quienes conocen el riesgo no es una opción, es una responsabilidad.

 
 
 

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