Bancos impulsan seguros antifraude para proteger los medios de pago: ABIF pide ajustes legales ante aumento de fraudes y conflictos con clientes

En un escenario donde los delitos digitales continúan al alza, la banca chilena está promoviendo la incorporación de seguros antifraude para reforzar la protección de los medios de pago. Sin embargo, la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras (ABIF) advierte que la legislación vigente no solo dificulta su implementación, sino que además está generando efectos no deseados en la relación entre bancos y usuarios.

Actualmente, la normativa limita la responsabilidad de los clientes en caso de fraude e impide que los bandos ofrezcan a sus clientes un seguro para cubrirlo, pese a que este mecanismo funciona exitosamente en otros mercados para compensar pérdidas y agilizar la resolución de incidentes.

Como consecuencia, el sistema se ha vuelto más vulnerable. Según la ABIF, la imposibilidad de contar con seguros específicos ha derivado en un fuerte aumento de las denuncias por transacciones no autorizadas, muchas veces sin claridad sobre el origen o la responsabilidad del incidente. Ante este escenario, y para protegerse frente al creciente número de reclamos, los bancos han optado por una medida extrema: iniciar acciones judiciales contra sus propios clientes para determinar responsabilidades, un fenómeno que se ha vuelto cada vez más frecuente y que tensiona la relación comercial entre ambas partes.

La banca sostiene que los seguros antifraude permitirían abordar esta problemática de manera más eficiente y moderna, entregando una solución clara para los usuarios y reduciendo los incentivos a judicializar los casos. Además, facilitarían procesos de restitución más rápidos, disminuirían los costos asociados a la tramitación de reclamos y aportarían certidumbre tanto para clientes como para instituciones.

Por ello, la ABIF insiste en la urgencia de modificar el marco legal, de forma que los bancos puedan ejercer un rol activo en la comercialización de estos seguros, asegurando transparencia, protección al consumidor y estándares adecuados de supervisión.

En un contexto donde el fraude digital es cada vez más sofisticado, la industria financiera considera indispensable avanzar hacia un modelo que incorpore herramientas ampliamente utilizadas a nivel internacional, con el objetivo de fortalecer la seguridad, reducir conflictos y entregar una protección efectiva a los usuarios de medios de pago en Chile.