HDI detecta presunto fraude interno por $406 millones en siniestros de motocicletas

Una auditoría interna permitió identificar 54 casos sospechosos vinculados a un exempleado que se desempeñaba como liquidador. La aseguradora presentó una querella por estafa y asociación ilícita, mientras los antecedentes apuntan a pagos dirigidos a un taller sin convenio vigente y a personas relacionadas con el trabajador investigado.

Una auditoría interna de HDI Seguros dejó al descubierto una serie de presuntas irregularidades en la liquidación de siniestros de motocicletas que habrían generado pagos por $406.026.000. La compañía presentó una querella contra un exempleado que se desempeñaba como liquidador de siniestros, a quien atribuye participación en un esquema de indemnizaciones cuestionadas.

El caso fue dado a conocer por Meganoticias, en una publicación del 16 de octubre de 2026, que recogió antecedentes de la acción judicial y declaraciones de la aseguradora a Las Últimas Noticias (LUN), medio que reportó originalmente los hechos.

Según la información publicada, la revisión interna permitió detectar 54 siniestros sospechosos ocurridos entre 2022 y 2025. Los antecedentes fueron puestos en conocimiento del Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago, en el marco de una querella por los presuntos delitos de estafa y asociación ilícita.

Una auditoría que reveló operaciones reiteradas

La investigación se originó a partir de una auditoría interna realizada en noviembre de 2025. Al revisar expedientes de siniestros, los auditores detectaron que el nombre del liquidador aparecía reiteradamente asociado a un taller de reparaciones denominado Comercializadora Dos Ruedas.

De acuerdo con los antecedentes difundidos, el establecimiento no mantenía un convenio ni un contrato vigente con HDI que lo habilitara para recibir vehículos u órdenes de reparación directamente del liquidador en representación de la compañía.

La revisión también identificó vínculos entre varios beneficiarios de las indemnizaciones y el trabajador investigado. Entre ellos habría familiares directos, parientes de su pareja y personas que compartían su domicilio. Asimismo, se detectaron dos operaciones relacionadas con motocicletas aseguradas por el propio liquidador, quien habría intervenido en la tramitación y el cobro de las respectivas indemnizaciones.

Estos antecedentes llevaron a la compañía a profundizar la revisión y cuestionar la legitimidad de los pagos realizados.

Motocicletas con múltiples siniestros y pérdidas totales

Entre las irregularidades detectadas figuran motocicletas que registraban reiteradas denuncias de accidentes. Según la información publicada por CNN Chile, una misma moto acumulaba seis siniestros denunciados, mientras que otras dos registraban tres y dos casos, respectivamente.

La revisión también habría identificado vehículos declarados como pérdida total en más de una ocasión, incluso dos o tres veces durante un mismo año. En algunos expedientes no existían fotografías que permitieran acreditar el estado de las motocicletas antes de la contratación de los seguros.

A ello se sumaban similitudes en los relatos de los accidentes, con referencias reiteradas a caídas por hoyos, superficies resbaladizas o lomos de toro. La ausencia de testigos y la repetición de estos patrones fueron otros elementos que despertaron sospechas.

Si bien cada antecedente debe evaluarse en su contexto, la coincidencia de estas situaciones y los vínculos entre los involucrados llevaron a HDI a considerar que podía existir un mecanismo para obtener indemnizaciones indebidas.

Más de $318 millones habrían llegado a un taller

La dimensión económica del caso constituye uno de sus aspectos más relevantes. De acuerdo con las cifras difundidas por Meganoticias y CNN Chile, los pagos vinculados a los 54 siniestros cuestionados alcanzaron $406.026.000.

De ese monto, $318.160.634 habrían sido destinados al taller involucrado, equivalente a aproximadamente el 78,4% del total. El resto correspondería principalmente a indemnizaciones pagadas a personas cercanas al liquidador investigado.

Estas cifras corresponden a operaciones cuestionadas por la aseguradora y no deben interpretarse, por sí solas, como una determinación judicial definitiva de fraude o de responsabilidad penal.

El desafío de controlar el fraude desde dentro

El caso vuelve a poner de relieve uno de los riesgos más sensibles para las compañías de seguros: que los procedimientos de liquidación y autorización de pagos puedan ser utilizados irregularmente por quienes tienen la responsabilidad de verificar la procedencia de las indemnizaciones.

La prevención del fraude no puede descansar exclusivamente en la confianza depositada en los trabajadores ni en la revisión individual de cada expediente. También requiere controles cruzados, separación de funciones, trazabilidad de las autorizaciones y mecanismos capaces de detectar patrones anómalos.

Entre las señales que pueden justificar una revisión reforzada están la reiteración de siniestros asociados a un mismo vehículo, las pérdidas totales recurrentes, los beneficiarios vinculados entre sí, la concentración de pagos en un mismo establecimiento y la falta de antecedentes que acrediten el estado previo del bien asegurado.

Las herramientas de análisis de datos pueden contribuir a identificar estas coincidencias, pero deben complementarse con auditorías independientes y procedimientos claros para investigar las alertas antes de autorizar nuevos desembolsos.

Una investigación que deberá determinar responsabilidades

HDI llevó los antecedentes a la justicia mediante una querella por estafa y asociación ilícita. Corresponderá a la investigación judicial establecer cómo se desarrollaron las operaciones cuestionadas, quiénes participaron y qué responsabilidades podrían derivarse de los hechos.

Más allá del resultado del proceso, el caso deja una advertencia para el mercado asegurador: los controles internos deben ser capaces de detectar irregularidades incluso cuando las sospechas recaen sobre quienes tienen a su cargo la evaluación de los siniestros.

La integridad del proceso de liquidación es esencial para proteger el patrimonio de las compañías y asegurar que las indemnizaciones lleguen a quienes efectivamente tienen derecho a recibirlas.