"Hubiese sido más fácil pagar, pero recurrimos a tribunales para proteger al mercado asegurador», afirma nuevo gerente general de Aspor en medio del caso Procultura"

En su primera entrevista como gerente general de Aseguradora Porvenir (Aspor), otorgada al Diario Financiero, Juan Paulo Edwards abordó con transparencia el conflicto legal derivado del caso ProCultura. Con una postura clara, aseguró: “Hubiese sido mucho más fácil cerrar los ojos y pagar. Pero reclamamos para defender el mercado asegurador”.

Desde 2016, Aspor se ha especializado en garantías, ganando reputación dentro del sector asegurador. Sin embargo, tras verse involucrada en el proyecto Quédate—destinado a la prevención del suicidio y ejecutado por la Fundación ProCultura—la compañía debió enfrentar demandas por el cobro de cinco pólizas asociadas al convenio con el Gobierno Regional Metropolitano (GORE).

Edwards recordó que estas pólizas fueron emitidas en octubre de 2022 con toda la documentación respaldatoria exigida en convenios estatales: contratos, autorizaciones y rendiciones periódicas. Recién en julio de 2023, cuando ProCultura solicitó prórrogas, el GORE reclamó formalmente los montos, invocando el incumplimiento total. Aspor llevó el caso a tribunales, sosteniendo que, de demostrarse legalmente la obligación, la empresa está dispuesta a pagar de inmediato; de hecho, los montos ya están provisionados en sus estados financieros.

Edwards enfatizó que Aspor ha cumplido con otros siniestros relacionados a ProCultura en distintas zonas del país —más de 15 mil proyectos respaldados sin inconvenientes— y que este conflicto con el GORE es una excepción dentro de su historial.

Respecto a la sanción impuesta por la CMF en julio de 2024 —una multa de 1.000 UF por supuesta demora en el pago— Edwards explicó que han acudido a tribunales también para impugnarla, señalando que se actuó conforme a la ley y bajo el principio de buena fe. “¿Cómo podríamos burlar la norma si el derecho a recurrir a la justicia está por sobre ésta?”, planteó.

Sobre el impacto del caso en el mercado y en la confianza hacia las instituciones, advirtió: “Muchas fundaciones ya no están accediendo a garantías. El mercado se ensució”. Esto pone en riesgo la efectividad de proyectos sociales dependientes de pólizas de garantía, cuya credibilidad quedó severamente dañado.

Juan Paulo Edwards llega a la gerencia general de Aspor en medio de una crisis que trasciende el caso ProCultura: pone en tensión los fundamentos del sistema garantizador estatal y la relación entre aseguradoras, organismos públicos y fundaciones. Su defensa de la justicia institucional sobre el pago inmediato marca una postura firme: aspiran a proteger la fe pública y restablecer la confianza en el mercado, aunque eso signifique enfrentar tribunales.