Ley de Incendios en Chile: ¿Por qué es urgente para el mercado asegurador y la gestión del riesgo?

Desde octubre de 2023, cuando el Gobierno ingresó al Congreso el proyecto conocido como Ley de Incendios (Boletín 16335-14), Chile enfrenta una discusión legislativa que busca modernizar el marco normativo para la prevención, mitigación y manejo de incendios forestales y rurales. Esta iniciativa se vuelve cada vez más relevante ante la persistente amenaza de incendios —como los que han impactado duramente a las regiones de Ñuble y Biobío en enero de 2026— que han consumido miles de hectáreas, provocado evacuaciones masivas y destrucción de viviendas e infraestructuras.

Contenido y avances del proyecto de Ley de Incendios

El proyecto fue aprobado en general por la Cámara de Diputados y se encuentra desde marzo de 2025 en la Comisión de Hacienda del Senado, con discusión parlamentaria pendiente tras casi dos años sin avances decisivos.

La Ley de Incendios propone, entre otros objetivos:

• Establecer zonas de interfaz urbano-rural con obligaciones de gestión de vegetación y defensas contra la propagación del fuego.

• Reforzar la planificación y prevención territorial, con planes que conecten esfuerzos públicos, privados y comunitarios.

• Asignar responsabilidades claras a propietarios rurales y urbanos, y coordinar institucionalmente los mecanismos de prevención y respuesta.

No obstante, expertos señalan que el proyecto aún no aborda en profundidad aspectos clave como la persecución penal de incendios intencionales o mecanismos financieros para compensar a damnificados, lo que podría limitar su eficacia real.

Importancia para el mercado asegurador chileno

Aunque la Ley no regula directamente el mercado de seguros, su aprobación sería transformadora para la industria aseguradora por varias razones profundas:

1. Reducción de riesgos y siniestralidad futura

Una normativa que exija y ordene medidas de prevención —tales como cortafuegos, ordenamiento territorial y gestión de combustibles— puede disminuir la frecuencia y magnitud de siniestros graves. Para los aseguradores, esto significa:

• Mejor evaluación de riesgo al suscribir pólizas, con datos más sólidos y menores pérdidas inesperadas.

• Posibilidad de ofrecer productos más accesibles y ajustados al riesgo real, evitando alzas extremas de primas o exclusiones.

• Menor presión sobre reservas y flujos de pago tras catástrofes.

Esto contrasta con experiencias internacionales donde la falta de leyes claras ha elevado significativamente la carga financiera de los seguros. Por ejemplo, en Estados Unidos, las pérdidas aseguradas por incendios en California pueden llegar a decenas de miles de millones de dólares, tensionando la solvencia y disponibilidad de pólizas tradicionales.

2. Incentivos para cubrir riesgos en zonas vulnerables

En mercados como el de California (EE.UU.), leyes y programas estatales han impulsado marcos regulatorios integrales para gestionar incendios y asegurar la disponibilidad de seguros incluso en áreas de alto riesgo. Programas como el California FAIR Plan, creado como “asegurador de última instancia”, han visto un aumento exponencial en la demanda de pólizas debido a que muchas aseguradoras privadas han limitado o dejado de asegurar ciertos riesgos asociados a incendios severos.

Aunque la situación californiana ha estado marcada por debates intensos —incluyendo propuestas de aumentar primas o requisitos de mitigación legalmente vinculantes— refleja cómo las leyes pueden incentivar o desincentivar la participación del mercado asegurador en contextos de alto riesgo.

3. Estímulo a productos y herramientas innovadoras

Una ley que incorpore incentivos claros para acciones de mitigación (como mejoras estructurales, defensa del entorno y sistemas de alerta temprana) puede acelerar la adopción de seguros paramétricos, microseguros o coberturas vinculadas a indicadores de riesgo —productos que están cobrando relevancia internacionalmente ante riesgos climáticos extremos y cuyos contratos se activan automáticamente cuando se cumplen ciertos umbrales de peligro.

Opiniones de expertos y lecciones internacionales

Perspectiva especializada en Chile

Diversos expertos y gremios del sector forestal han señalado que el proyecto de ley chileno necesita una visión integral que considere prevención, combate, sanción y recuperación, no solo medidas reactivas o de mitigación parcial. Una implementación robusta podría significar un sistema legal y operativo más resiliente, con efectos positivos también para la industria aseguradora.

Aprendizajes desde otros países

En Estados Unidos, donde los riesgos de incendios forestales son intensos y recurrentes, la regulación en estados como California ha ido evolucionando para mejorar la resiliencia comunitaria, aunque enfrenta desafíos importantes. Las enormes pérdidas aseguradas en eventos recientes han presionado al mercado, llevando a subidas de primas, retiradas de aseguradoras y programas estatales especiales como planes de seguro de último recurso.

Estos ejemplos internacionales muestran que la legislación no solo define responsabilidades ante siniestros, sino que también influye directamente en la disponibilidad y costo del seguro, así como en las estrategias de mitigación y adaptación ante riesgos crecientes.

Urgencia reforzada por los incendios recientes

La temporada de incendios de verano de 2026 —con miles de hectáreas arrasadas y cientos de viviendas destruidas en Biobío y Ñuble— evidencia que Chile no puede postergar indefinidamente una ley moderna que articule prevención, gestión de riesgo y recuperación ante incendios.

Cada siniestro que ocurre sin un marco legal sólido aumenta la exposición financiera de familias, empresas y aseguradoras, y genera costos más altos para el sistema de seguros en su conjunto, desde primas hasta disponibilidad de cobertura.

La Ley de Incendios en trámite representa una oportunidad histórica para Chile de construir un enfoque de gestión de riesgo más coherente y sustentable, alineado con las experiencias internacionales y con los desafíos actuales del cambio climático. Para el mercado asegurador, su implementación no solo permitirá mejores condiciones para evaluar y transferir riesgos, sino también fortalecerá la resiliencia financiera de hogares y empresas, aportando mayor estabilidad al ecosistema económico y social del país.

En Seguro Visión continuaremos monitoreando su evolución legislativa y su impacto tanto en la gestión pública del riesgo como en el diseño y disponibilidad de productos de seguros en Chile.