América Latina enfrenta un desastre natural cada semana y el informe propone una estrategia iberoamericana para cerrar la brecha de seguros

Un documento impulsado por la Fundación Iberoamericana Empresarial, MAPFRE y CAF plantea un decálogo de medidas para fortalecer la prevención, ampliar la protección aseguradora y acelerar la recuperación económica tras las catástrofes. Entre sus propuestas destaca movilizar inversiones millonarias en infraestructura resiliente y desarrollar alianzas público-privadas para reducir la carga financiera que hoy recae sobre los Estados y las familias.

América Latina y el Caribe necesitan pasar de una respuesta centrada en atender las emergencias a una estrategia que permita anticipar los riesgos, financiar las pérdidas y reconstruir con mayor rapidez. Esa es la principal orientación del informe Hacia una Estrategia Iberoamericana de Respuesta a los Desastres de Origen Natural: Resiliencia, Seguro y Alianzas Público-Privadas, presentado por la Fundación Iberoamericana Empresarial (FIE) a la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB), con el impulso conjunto de MAPFRE y CAF, banco de desarrollo de América Latina y el Caribe.

El documento será puesto a consideración de la XXX Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, prevista para los días 4 y 5 de noviembre de 2026 en Madrid, con el objetivo de promover una respuesta coordinada entre los países de la comunidad iberoamericana.

El diagnóstico parte de una realidad preocupante: durante los últimos 50 años, cuatro de cada diez personas de la región se han visto afectadas por fenómenos como tormentas tropicales, huracanes, inundaciones, sequías, olas de calor e incendios forestales. Estos eventos han provocado cerca de 100.000 víctimas mortales y pérdidas económicas superiores a US$360.000 millones.

La frecuencia de estos fenómenos equivale, en promedio, a un desastre natural por semana. A ello se suma el impacto del cambio climático, que está modificando los patrones de riesgo y agravando la exposición de las personas, las infraestructuras y las actividades económicas.

La conclusión del informe es que la respuesta humanitaria y la protección civil, aunque indispensables, no bastan para afrontar la dimensión financiera de las catástrofes. Los países necesitan mecanismos que permitan anticipar los daños, distribuir sus consecuencias económicas y disponer de recursos para la recuperación sin comprometer sus presupuestos públicos.

Una brecha de protección que deja las pérdidas en manos de las familias y los Estados

Uno de los principales problemas identificados es la distancia entre las pérdidas económicas ocasionadas por los desastres y los recursos cubiertos por los seguros.

La brecha de protección aseguradora alcanza aproximadamente el 81% en la región. En otras palabras, la mayor parte de las pérdidas económicas no cuenta con cobertura aseguradora y debe ser absorbida por los propios afectados, las empresas o los gobiernos mediante ayudas, transferencias y recursos de emergencia.

Esta situación tiene consecuencias que van mucho más allá de los daños materiales. Cuando una vivienda, un comercio o una infraestructura productiva resulta destruida y no existe una cobertura adecuada, la recuperación depende de la capacidad económica de sus propietarios y de la disponibilidad de fondos públicos.

Para los hogares de menores ingresos, una catástrofe puede significar la pérdida de su principal activo y un prolongado deterioro de sus condiciones de vida. Para las pequeñas y medianas empresas, puede representar la interrupción definitiva de sus operaciones. Para el Estado, implica destinar recursos extraordinarios a reconstrucción y asistencia, en ocasiones a costa de otras prioridades de inversión.

El problema también afecta a la estabilidad fiscal. Cuando los gobiernos deben financiar directamente una proporción elevada de los daños, las catástrofes se convierten en pasivos contingentes: obligaciones económicas que pueden materializarse de manera repentina y alcanzar magnitudes difíciles de absorber con los presupuestos ordinarios.

El informe propone, por ello, fortalecer la protección financiera antes de que ocurra el desastre, incorporando los seguros y otros instrumentos de transferencia del riesgo como parte de las políticas de gestión de emergencias.

Invertir antes para reducir el costo de las catástrofes

La prevención constituye otro eje central de la estrategia. El documento estima que se necesitan inversiones de hasta US$31.000 millones anuales en infraestructura resiliente frente a inundaciones y huracanes. Adicionalmente, plantea movilizar otros US$15.000 millones hasta 2030 para adaptación y gestión del riesgo de desastres.

Estas cifras reflejan la magnitud del desafío: no basta con reconstruir las infraestructuras dañadas después de cada evento. Es necesario diseñar y adaptar viviendas, carreteras, puentes, redes eléctricas, sistemas de drenaje y otras instalaciones esenciales para que puedan resistir mejor los fenómenos extremos.

La planificación territorial también resulta determinante. Construir en zonas inundables, ocupar áreas expuestas a aluviones o mantener infraestructuras sin considerar las nuevas condiciones climáticas aumenta las pérdidas potenciales y encarece la protección financiera.

Desde la perspectiva aseguradora, la prevención no es únicamente una cuestión ambiental o de infraestructura. También influye en la posibilidad de ofrecer coberturas sostenibles, establecer primas acordes con el riesgo y evitar que determinados territorios o actividades se vuelvan progresivamente difíciles de asegurar.

Una estrategia de resiliencia debe, por tanto, integrar la información sobre amenazas, la planificación urbana, las normas de construcción, las inversiones preventivas y los mecanismos financieros disponibles para responder a las pérdidas.

El seguro como segunda línea de defensa

El informe plantea que la protección civil debe complementarse con una segunda línea de defensa: la resiliencia financiera.

El seguro permite distribuir las consecuencias económicas de un evento entre un conjunto amplio de asegurados y, mediante el reaseguro, entre mercados y entidades de distintos países. Cuando las coberturas están correctamente diseñadas y los siniestros se gestionan con rapidez, pueden aportar liquidez a familias, empresas y gobiernos en un momento crítico.

Sin embargo, ampliar la cobertura exige superar barreras de acceso, mejorar la información sobre los riesgos y desarrollar productos que respondan a las necesidades de diferentes segmentos de la población.

Entre las alternativas que pueden contribuir a ese objetivo se encuentran los seguros paramétricos, que activan pagos cuando un indicador previamente definido —por ejemplo, la intensidad de las precipitaciones o la velocidad del viento— supera un umbral establecido. Estos instrumentos pueden reducir los tiempos de liquidación, aunque requieren parámetros bien diseñados para limitar las diferencias entre el pago recibido y el daño efectivamente sufrido.

También pueden desarrollarse esquemas de cobertura colectiva, mecanismos de aseguramiento para infraestructuras públicas y soluciones que permitan a las pequeñas empresas acceder a protección frente a eventos que amenacen la continuidad de sus operaciones.

La transferencia del riesgo no sustituye la prevención ni elimina las pérdidas económicas. Su función es reducir la parte de esas pérdidas que deben financiar directamente los afectados o los presupuestos públicos, y facilitar que la recuperación comience antes.