La próxima catástrofe ocurrirá. La pregunta es cómo la vamos a financiar

En la edición de Seguro Visión del pasado 10 de agosto, a propósito de los temporales que afectaban al país y de los importantes daños que dejaban a su paso, publicamos un artículo titulado “Temporales, solidaridad y seguros: Chile no puede seguir reconstruyendo a punta de emergencia”.

La tesis era simple, pero difícil de discutir: Chile está mucho menos asegurado de lo que debiera estar frente a sus riesgos y el problema no es solamente cuánto cuesta una catástrofe, sino quién termina pagando la cuenta.

Chile es un país asegurado, pero no suficientemente protegido. Y una de las principales brechas está precisamente en la protección de las viviendas frente a eventos catastróficos.

Hoy, cada vez que ocurre una gran catástrofe, volvemos a enfrentar la misma pregunta: ¿de dónde saldrán los recursos para reconstruir?

Quizás la pregunta correcta sea otra: ¿por qué seguimos buscando el financiamiento después de que ocurre el desastre, en lugar de construir anticipadamente un mecanismo para financiarlo?

Chile ya tiene un “seguro catastrófico”

Esta discusión adquirió una nueva dimensión durante los últimos días, luego de que Déficit Cero, corporación sin fines de lucro impulsada por TECHO-Chile y la Cámara Chilena de la Construcción, convocara a un grupo interdisciplinario integrado por representantes de la academia, la industria aseguradora y exautoridades, con el propósito de buscar soluciones al déficit de protección frente a las catástrofes.

La pregunta que está detrás de esta iniciativa es fundamental:

¿Cómo incorporamos al Estado, los hogares, las compañías de seguros y reaseguros y los organismos internacionales en una política permanente frente a las catástrofes?

En El Mercurio, el economista Alejandro Micco, integrante de este grupo, plantea una idea particularmente provocadora: Chile ya tiene un seguro catastrófico, pero funciona de una manera peculiar.

El Estado es, en última instancia, quien asume el riesgo. No cobra una prima y tampoco estructura anticipadamente un fondo financiero para hacer frente a la eventualidad. Simplemente, cuando ocurre el desastre, el Estado paga.

Y la factura puede ser enorme.

De acuerdo con las cifras citadas por Micco, el terremoto del 27F significó para el Estado alrededor de US$5.900 millones; los incendios de 2017, cerca de US$350 millones; las inundaciones de 2023, más de US$500 millones, y el megaincendio de Valparaíso de 2024, alrededor de US$750 millones.

En otras palabras, el país ya cuenta con un mecanismo de protección catastrófica. Solo que es un mecanismo implícito, no contributivo y financiado después de ocurrido el siniestro.

El problema no es la falta de recursos

Esto conecta directamente con una de las conclusiones de nuestro artículo anterior: el problema no sería necesariamente la falta de recursos, sino cómo los financiamos.

Cuando el Estado asume completamente el riesgo, la sociedad igualmente paga. La diferencia es que lo hace después de la catástrofe y mediante recursos fiscales que deben competir con todas las demás necesidades públicas.

La alternativa es comenzar a financiar ese riesgo antes de que ocurra.

Ese es precisamente el principio fundamental del seguro: muchas personas aportan una prima para que, cuando algunas de ellas sufran un evento cubierto, exista un fondo capaz de responder por las pérdidas.

En el caso de las catástrofes, el desafío es llevar este principio a una escala nacional y combinarlo con la capacidad financiera del Estado, del mercado asegurador y del reaseguro internacional.

De la emergencia a una política permanente

La discusión que comienza a instalarse en Chile representa un cambio de paradigma.

No se trata de reemplazar la responsabilidad del Estado ni de pretender que el mercado asegurador resuelva por sí solo un problema que tiene una dimensión social enorme.

Se trata de distribuir el riesgo entre quienes están en mejores condiciones de asumirlo.

Los hogares pueden contribuir mediante una prima. Las compañías de seguros pueden asumir y administrar el riesgo. Los reaseguradores pueden aportar capacidad internacional. El Estado puede actuar como garante, subsidiante o reasegurador de última instancia para aquellos riesgos o segmentos de la población que el mercado no pueda cubrir.

De esta manera, una catástrofe deja de convertirse en una emergencia financiera para transformarse en un riesgo previamente identificado, cuantificado y financiado.

ARCA: una propuesta que merece ser estudiada

Esta discusión ya había sido planteada la semana pasada en EILA26, donde Rodrigo Labbé propuso la creación de ARCA, Aseguramiento ante Riesgos Catastróficos.

La propuesta contempla un seguro catastrófico de carácter obligatorio, basado en un esquema paramétrico y dirigido a entregar protección frente a eventos de gran magnitud.

La inspiración está en el modelo DASK de Turquía, creado después del terremoto de 1999 y que establece un seguro obligatorio contra terremotos para las viviendas.

Más allá de las características específicas que finalmente pueda tener ARCA, la importancia de la propuesta está en poner sobre la mesa una cuestión que hasta ahora ha permanecido demasiado tiempo pendiente: Chile necesita diseñar una arquitectura financiera permanente para enfrentar sus catástrofes.

No necesariamente tendrá que llamarse ARCA. Tampoco está definido que el modelo deba ser exactamente paramétrico, obligatorio o estructurado de una determinada manera.

Lo importante es comenzar a diseñarlo.

Muchas preguntas, una necesidad evidente

Por supuesto, existen numerosas preguntas que deben ser respondidas.

¿Debe ser obligatorio?

¿Quién debe pagar la prima?

¿Qué riesgos debe cubrir?

¿Debe proteger solamente las viviendas o también sus contenidos?

¿Debe existir una cobertura paramétrica complementada con una cobertura tradicional?

¿Cómo se determina el monto asegurado?

¿Cómo se incorpora a quienes no tienen capacidad económica para pagar una prima?

¿Qué ocurre con las viviendas informales?

¿Cuál debe ser el rol del Estado?

¿Cuánto riesgo debe asumir la industria aseguradora y cuánto los reaseguradores internacionales?

¿Debe existir un fondo de reserva?

¿Debe el Estado actuar como reasegurador de última instancia?

Son preguntas complejas, pero no deberían convertirse en razones para postergar la discusión.

Por el contrario, son precisamente las preguntas que debemos comenzar a responder ahora.

El mercado asegurador debe asumir un papel protagonista

Existe además una condición fundamental para que esta discusión prospere: el mercado asegurador debe ser uno de los actores principales en el diseño de la solución.

Las compañías de seguros y reaseguros tienen el conocimiento técnico para modelar riesgos, calcular probabilidades, determinar primas, estructurar coberturas, administrar reservas y acceder a capacidad de reaseguro internacional.

También conocen las dificultades prácticas que supone asegurar determinados riesgos y segmentos de la población.

Por ello, no tendría sentido diseñar desde el Estado un mecanismo de protección catastrófica sin incorporar desde el comienzo la experiencia y el conocimiento acumulado por la industria.

El sector asegurador debe poner ese conocimiento al servicio de una solución país.

Una oportunidad para transformar el riesgo en protección

Chile enfrenta una paradoja.

Somos uno de los países más expuestos a riesgos naturales y, al mismo tiempo, mantenemos importantes brechas de aseguramiento frente a ellos.

Sabemos que terremotos, tsunamis, incendios forestales, inundaciones y otros eventos extremos volverán a ocurrir. Lo que no sabemos es cuándo, dónde ni cuál será su magnitud.

Pero hay algo que sí podemos decidir: cómo vamos a financiarlos cuando ocurran.

Podemos continuar con el modelo actual: esperar la catástrofe, evaluar los daños, recurrir al presupuesto público, aprobar ayudas extraordinarias y comenzar nuevamente el largo proceso de reconstrucción.

O podemos construir anticipadamente una estructura de protección financiera que permita que una parte importante de esos recursos esté disponible desde el primer día.

Ese es el verdadero sentido de asegurar las catástrofes.

Ya no falta conciencia. Falta actuar

Quizás lo más relevante de lo que está ocurriendo en estos días es que distintas voces, desde diferentes ámbitos, están comenzando a coincidir en el diagnóstico.

Déficit Cero ha abierto una discusión que incorpora a la academia, al sector privado y a exautoridades. Alejandro Micco ha puesto sobre la mesa el costo fiscal del actual modelo. En EILA26 se planteó ARCA como una alternativa concreta. Y desde la industria aseguradora existe conocimiento y experiencia para contribuir a construir una solución.

El problema está identificado. La necesidad es evidente y existe consenso en que el actual modelo no es sostenible como única respuesta.

Ahora corresponde pasar de la conversación al diseño.

Chile necesita sentar en una misma mesa al Estado, las aseguradoras, los reaseguradores, la academia, los organismos internacionales y representantes de la sociedad civil para diseñar un mecanismo que permita distribuir adecuadamente el riesgo y garantizar protección financiera cuando llegue la próxima catástrofe.

Porque una sociedad resiliente no es aquella que tiene los recursos para reconstruir después de un desastre.

Es aquella que ha construido, antes de que ocurra, los mecanismos financieros para poder hacerlo.

Y en esa tarea, el seguro no puede ser un espectador.

Debe ser parte central de la solución.