GORE vs. ASPOR: Millonario conflicto judicial tensiona el rol de las pólizas de garantía en contratos públicos

Un caso que involucra a la Gobernación Regional Metropolitana (GORE) y a la aseguradora Porvenir S.A. (ASPOR) ha encendido una alerta en el mercado asegurador chileno sobre la efectividad de las pólizas de garantía a primer requerimiento, especialmente en el ámbito del financiamiento público.

Todo comenzó en noviembre de 2023, cuando el GORE, liderado por Claudio Orrego, decidió poner término anticipado al convenio con la Fundación ProCultura, tras detectar incumplimientos en la rendición de cuentas y falta de información bancaria clave en el proyecto "Transferencia y Prevención del Suicidio mediante el Fomento de la Salud Mental", que manejaba recursos por más de $1.683 millones.

Como respaldo del correcto uso de los fondos, ProCultura había contratado cinco pólizas de garantía "a primer requerimiento" con ASPOR por más de 31 mil UF (alrededor de $1.000 millones). Sin embargo, al momento de hacer efectivo el cobro tras la finalización del convenio, la aseguradora rechazó el requerimiento, alegando que la documentación estaba incompleta, a pesar de que esta fue corregida y enviada nuevamente días después.

Judicialización y advertencia institucional

En lugar de honrar el pago, ASPOR interpuso una medida prejudicial precautoria ante el 8° Juzgado Civil de Santiago, la cual fue acogida en diciembre de 2023, paralizando el desembolso. La respuesta del GORE fue doble: denunció a la aseguradora ante la CMF (Comisión para el Mercado Financiero) y emitió una circular a municipios, ministerios y servicios públicos recomendando no contratar con la compañía mientras no cumpla su obligación contractual.

En julio de 2024, la CMF sancionó a ASPOR con una multa de 1.000 UF, mientras que en noviembre del mismo año, la Corte de Apelaciones de Santiago rechazó un recurso de protección presentado por la aseguradora, que acusaba represalia e ilegalidad por parte del GORE. La corte ratificó que el gobierno regional actuó dentro de sus competencias.

Riesgo sistémico: “El seguro pierde sentido si no se paga”

Más allá del caso puntual, Claudio Orrego advirtió que el conflicto con ASPOR no es aislado, y reveló que al menos otras cuatro aseguradoras también se han negado a pagar pólizas de garantía en proyectos similares. “El uso de estos seguros pierde sentido si las compañías pueden bloquear su pago con medidas judiciales”, sentenció.

La polémica ha abierto un debate urgente sobre la validez operativa de las pólizas a primer requerimiento, instrumento que históricamente ha sido clave para resguardar fondos públicos en convenios con privados. El uso de medidas judiciales para postergar su ejecución podría estar erosionando la confianza en este tipo de garantías.

¿Es hora de reformar el modelo?

Este conflicto tensiona no solo la relación entre entidades públicas y aseguradoras, sino también plantea interrogantes sobre cómo garantizar el cumplimiento efectivo de pólizas de garantía sin vulnerar el debido proceso ni generar incentivos perversos en la industria.

Para las compañías del rubro, el caso podría marcar un precedente regulatorio y reputacional relevante, en un contexto donde los seguros de garantía —tanto en contratos estatales como privados— están bajo la lupa por parte de reguladores, asegurados y opinión pública.

Actualmente, continúan abiertos dos procesos judiciales: uno por la restitución del dinero desde ASPOR al GORE, y otro impulsado por la aseguradora contra la CMF por la sanción impuesta. El desenlace de ambos será clave para definir el futuro del uso y la exigibilidad real de las pólizas de garantía en Chile.