Importación de vehículos eléctricos usados: una oportunidad para la electromovilidad que plantea nuevos desafíos para el mercado asegurador

El proyecto de ley presentado por parlamentarios para autorizar la importación de vehículos eléctricos usados podría marcar un punto de inflexión en el desarrollo de la electromovilidad en Chile. La iniciativa busca ampliar la oferta disponible y reducir el costo de acceso a este tipo de automóviles, permitiendo que un mayor número de personas pueda optar por una tecnología que hasta ahora ha estado limitada principalmente por su elevado precio.

Sin embargo, detrás de los beneficios económicos y ambientales que podría generar esta medida, también surgen importantes desafíos para la industria aseguradora, que deberá enfrentar riesgos técnicos, operacionales y comerciales muy distintos a los asociados a los vehículos convencionales.

La eventual llegada masiva de automóviles eléctricos usados obligará a las compañías de seguros a revisar sus modelos de suscripción, adaptar sus criterios de tasación y desarrollar nuevas coberturas para una realidad que hasta ahora ha tenido una presencia limitada en el mercado chileno.

Un parque automotor diferente

A diferencia de los vehículos nuevos comercializados oficialmente en Chile, una parte importante de los automóviles eléctricos usados podría provenir de mercados como Japón, China, Europa o Estados Unidos.

Aunque algunos modelos lleven el mismo nombre que los comercializados localmente, muchas veces corresponden a versiones diferentes, desarrolladas específicamente para cada mercado.

Las diferencias pueden involucrar baterías, motores eléctricos, sistemas electrónicos, software, sensores, equipamiento de seguridad, conectores de carga e incluso componentes estructurales.

Desde la perspectiva aseguradora, esta situación introduce un nuevo nivel de complejidad al momento de evaluar los riesgos y determinar los costos de reparación después de un siniestro.

El problema de los repuestos

Uno de los mayores desafíos será la disponibilidad de repuestos.

Los componentes que actualmente mantienen los representantes oficiales en Chile podrían no ser compatibles con los vehículos importados individualmente desde otros mercados.

En muchos casos será necesario importar piezas específicas desde el extranjero, aumentando significativamente los tiempos de reparación y los costos de los siniestros.

Para las compañías de seguros, ello implica un incremento potencial tanto en el costo promedio de las indemnizaciones como en los gastos asociados a vehículos de reemplazo mientras el automóvil permanece fuera de servicio.

¿Quién reparará estos vehículos?

Otro aspecto que podría transformarse en un importante foco de preocupación es el servicio técnico.

Las marcas que hoy comercializan vehículos eléctricos en Chile podrían decidir no prestar servicios de mantención ni reparación a unidades que no hayan sido importadas oficialmente por su red de distribución.

Desde el punto de vista comercial, esta decisión resulta comprensible. Los concesionarios autorizados suelen concentrar sus recursos técnicos, capacitación y stock de repuestos en los modelos que representan oficialmente.

Si ello ocurre, los propietarios de vehículos importados usados deberán recurrir a talleres independientes o importar directamente los componentes necesarios, con las consiguientes dificultades para garantizar la calidad de las reparaciones y los plazos de entrega.

Para las aseguradoras, esta situación podría traducirse en mayores tiempos de inmovilización, incertidumbre respecto de los costos de reparación e incluso dificultades para garantizar estándares técnicos adecuados.

La batería cambia completamente la evaluación del riesgo

El principal activo de un vehículo eléctrico es su batería de alto voltaje.

Dependiendo del modelo, este componente puede representar entre un 30% y un 50% del valor total del automóvil.

En un vehículo usado, además, conocer el verdadero estado de la batería constituye uno de los principales desafíos.

Su degradación depende de múltiples factores, como la cantidad de ciclos de carga, las condiciones ambientales, el tipo de conducción y el mantenimiento recibido durante su vida útil.

En consecuencia, las aseguradoras probablemente deberán incorporar nuevos antecedentes técnicos antes de aceptar un riesgo, como certificados del estado de salud de la batería (State of Health o SOH), historial de mantenimiento e inspecciones especializadas.

La tasación será mucho más compleja

Otro efecto poco analizado dice relación con la determinación del valor asegurado.

Cuando un vehículo es comercializado oficialmente en Chile, existen listas de precios, historial de ventas y un mercado secundario relativamente transparente que facilita establecer su valor comercial.

La situación cambia cuando se trata de unidades importadas individualmente.

En esos casos podrían existir muy pocas referencias de mercado, dificultando establecer cuál es el valor real del vehículo tanto al momento de contratar el seguro como en caso de pérdida total.

Esta situación podría generar mayores diferencias entre asegurados y compañías respecto del monto de las indemnizaciones, especialmente durante los primeros años de implementación de la medida.

Nuevas políticas de suscripción

Frente a este escenario, es probable que las aseguradoras desarrollen criterios específicos para este tipo de vehículos.

Podrían exigirse inspecciones técnicas previas, certificados del estado de la batería, antecedentes sobre la disponibilidad de repuestos e incluso restricciones para determinados modelos cuyo servicio técnico o abastecimiento de componentes resulte incierto.

Asimismo, algunas compañías podrían establecer primas diferenciadas según el origen del vehículo, la existencia de representación oficial en Chile o la disponibilidad de talleres certificados para efectuar las reparaciones.

Una oportunidad para innovar

Pese a estos desafíos, la iniciativa también abre importantes oportunidades para el sector asegurador.

El crecimiento del parque de vehículos eléctricos impulsará el desarrollo de nuevos productos especializados, incluyendo coberturas para baterías, cargadores domiciliarios, estaciones de carga, asistencia técnica especializada y servicios de movilidad.

La incorporación de telemática, monitoreo remoto y diagnósticos digitales permitirá además diseñar seguros mucho más personalizados, donde la prima refleje el uso efectivo del vehículo, el estado de la batería y los hábitos de conducción del asegurado.

Una regulación que debe mirar más allá de la importación

Si el proyecto de ley prospera, el debate no debería limitarse únicamente a permitir el ingreso de vehículos eléctricos usados.

También será necesario abordar aspectos relacionados con la homologación técnica, la disponibilidad de repuestos, la existencia de servicios técnicos autorizados, la capacitación de talleres independientes y la certificación de los sistemas de reparación de vehículos eléctricos.

Solo así será posible entregar certezas tanto a los consumidores como a las compañías de seguros.

Porque facilitar el acceso a la electromovilidad es un objetivo compartido por la industria y las autoridades. Sin embargo, para que esta transición sea sostenible también debe garantizar que los vehículos puedan repararse oportunamente, mantener estándares adecuados de seguridad y contar con seguros capaces de responder eficientemente cuando ocurra un siniestro.