La Ley de Reconstrucción abre un nuevo escenario para los seguros: del cambio tributario a la oportunidad de negocio

La rebaja del impuesto corporativo, la reintegración del sistema tributario, los incentivos a la inversión, la reactivación inmobiliaria y la reconstrucción de zonas afectadas no solo modificarán decisiones tributarias y financieras. También pueden abrir un nuevo ciclo para la industria aseguradora, siempre que las compañías sean capaces de transformar el nuevo escenario económico en productos concretos de protección.

La Ley de Reconstrucción Nacional y Desarrollo Económico y Social comienza a entrar en una etapa muy distinta a la que marcó sus últimos meses de discusión parlamentaria. La pregunta ya no es solamente qué dice la nueva normativa, sino qué harán las empresas con ella.

Y para la industria aseguradora esa pregunta es particularmente relevante.

KPMG Chile y la Asociación de Aseguradores de Chile abordaron recientemente este desafío en un encuentro orientado precisamente a analizar los efectos de la reforma sobre el sector asegurador. Bajo el concepto “Qué cambia en el negocio: de la norma a la oferta”, Claudia González, socia de Financial Services Office (FSO) y líder de Seguros, junto con Hernán Gutiérrez, socio de Tax & Legal Corporate & Business Tax Compliance, analizaron las implicancias tributarias, financieras y comerciales de la reforma.

El enfoque es relevante porque una reforma tributaria y económica de esta magnitud no termina en el balance de las compañías. Puede modificar decisiones de inversión, estructuras patrimoniales, construcción, vivienda, financiamiento y actividad empresarial. Y cada una de esas decisiones genera riesgos que, en mayor o menor medida, pueden ser asegurables.

La oportunidad para la industria está precisamente ahí: no limitarse a observar la recuperación económica, sino anticipar los nuevos riesgos que esa recuperación va a producir.

Una reforma que va mucho más allá de la tasa corporativa

Uno de los cambios más relevantes de la nueva legislación es la reducción gradual del Impuesto de Primera Categoría desde el actual 27% hasta 23% a partir del año comercial 2029, junto con el retorno de un sistema de integración tributaria que permitirá utilizar el 100% del crédito por impuesto corporativo frente a los impuestos finales.

A ello se suman medidas de carácter transitorio relacionadas con regularización de activos, repatriación de capitales, donaciones, patrimonio empresarial y otras materias tributarias.

También se establecen mecanismos destinados a otorgar mayor certeza a grandes inversiones. El régimen de invariabilidad tributaria contempla períodos diferenciados según el monto de las inversiones, con plazos de 10, 15 y 20 años en los rangos aprobados durante la tramitación.

El efecto conjunto es más importante que cada medida considerada individualmente.

Una menor carga tributaria puede mejorar la rentabilidad esperada de determinados proyectos. La reintegración puede modificar las decisiones de distribución y reinversión de utilidades. La certeza tributaria puede favorecer proyectos de largo plazo. La reactivación inmobiliaria puede dinamizar la construcción.

Y cuando aumenta la inversión, también aumenta la necesidad de transferir riesgos.

Ese es el punto donde el seguro debería empezar a mirar la reforma con otros ojos.

La oportunidad no está en la ley: está en lo que la ley puede provocar

Existe una tendencia a analizar las reformas económicas desde sus efectos tributarios inmediatos: cuánto baja el impuesto, cuánto aumenta la liquidez o cuánto mejora el resultado después de impuestos.

Para las aseguradoras, esa mirada es insuficiente.

El verdadero impacto puede aparecer en una segunda etapa.

Si la reforma consigue estimular proyectos de inversión que durante los últimos años permanecieron postergados, habrá nuevas construcciones, ampliaciones de plantas, instalaciones productivas, infraestructura, centros logísticos, proyectos energéticos, desarrollos inmobiliarios y emprendimientos.

Cada uno de ellos necesita seguros.

Pero no necesariamente los mismos seguros que hoy ofrece el mercado.

Una nueva planta industrial requiere property, incendio, avería de maquinaria, pérdida de beneficios, responsabilidad civil y eventualmente coberturas ambientales y cibernéticas.

Una obra de infraestructura requiere construcción y montaje, responsabilidad civil, garantías, transporte, maquinaria y coberturas asociadas a interrupción de negocios.

Un proyecto inmobiliario genera necesidades de todo tipo: seguros durante la construcción, responsabilidad civil, garantías, seguros de crédito, protección de activos y, posteriormente, seguros para los propietarios y comunidades.

La inversión no solo crea activos. Crea exposiciones al riesgo.

Y allí aparece una de las principales oportunidades para el sector asegurador.

La vivienda puede ser uno de los grandes motores

Otro componente particularmente interesante es la reactivación del mercado inmobiliario.

La ley contempla una exención transitoria de IVA para determinadas operaciones de viviendas nuevas, mientras que otras medidas del Gobierno se han complementado con instrumentos destinados a facilitar el acceso a la vivienda. El Gobierno también ha ampliado recientemente el Fogaes y el subsidio a la tasa hipotecaria, elevando el valor máximo de las viviendas que pueden acceder a estos beneficios hasta 6.000 UF.

Si estas medidas logran reducir inventarios y reactivar proyectos, el efecto para el seguro puede ser considerable.

No se trata únicamente de vender más seguros de hogar.

La recuperación inmobiliaria puede generar una cadena completa de negocios aseguradores: construcción, garantías, crédito, incendio, terremoto, responsabilidad civil, seguros asociados a créditos hipotecarios, protección de comunidades y seguros para los nuevos propietarios.

Y existe aquí una oportunidad que la industria debería mirar con especial atención.

Chile mantiene una importante brecha de protección en materia de vivienda. El problema no es solamente cuántas viviendas están aseguradas, sino por cuánto están aseguradas, contra qué riesgos y con qué calidad de cobertura.

Una reactivación inmobiliaria puede ser una oportunidad para no repetir el modelo tradicional: vender primero el activo y ofrecer después el seguro.

El seguro debería incorporarse desde el comienzo al ecosistema de financiamiento y adquisición de la vivienda.

Más inversión también significa más responsabilidad

La eventual recuperación de la inversión productiva trae consigo otro espacio relevante: la responsabilidad civil.

Una economía más dinámica implica más operaciones, más trabajadores, más proveedores, más contratistas, más transporte y mayor interacción entre empresas y terceros.

Eso aumenta la exposición a responsabilidades frente a trabajadores, consumidores, clientes, vecinos, proveedores y otras empresas.

En Chile, la responsabilidad civil todavía tiene un espacio importante para crecer, particularmente entre empresas medianas y pequeñas.

La discusión sobre la Ley de Reconstrucción debería llevar entonces a una pregunta adicional:

¿Estamos preparados para asegurar el crecimiento que queremos generar?

Porque sería contradictorio impulsar inversión y empleo sin desarrollar simultáneamente mecanismos privados que permitan absorber las pérdidas que pueden producirse cuando esos nuevos proyectos enfrentan un accidente, incendio, desastre natural, falla operacional o reclamación de terceros.

La reconstrucción también es una oportunidad aseguradora

Existe además un componente especialmente significativo para la industria: la reconstrucción de las zonas afectadas por los incendios.

El proyecto incorporó recursos adicionales para la reconstrucción de Ñuble y Biobío, elevando el marco presupuestario del Fondo de Emergencia Transitorio. El diseño original contemplaba $400 mil millones adicionales para enfrentar la reconstrucción y apoyar la recuperación económica de las zonas afectadas.

Desde la perspectiva aseguradora, reconstruir no debería significar simplemente volver a construir lo que existía.

Debería significar reconstruir con mayor resiliencia.

Después de los incendios, y en un país expuesto a terremotos, tsunamis, inundaciones, incendios forestales y otros eventos extremos, resulta difícil justificar que una vivienda, empresa o infraestructura reconstruida vuelva a quedar expuesta exactamente a los mismos riesgos.

Aquí el seguro puede cumplir una función mucho mayor que la de pagar una indemnización después de un siniestro.

Puede contribuir a determinar estándares de construcción, incentivos para medidas de prevención, evaluación de riesgos y resiliencia de los activos.

En otras palabras, la industria puede pasar de ser un actor que aparece después de la catástrofe a convertirse en un socio de la reconstrucción y prevención.

El cambio tributario también afecta a las aseguradoras

El encuentro de KPMG y la Asociación de Aseguradores tiene además otra lectura que no debería pasar inadvertida.

La rebaja del impuesto corporativo y la modificación del sistema de integración no son neutras para los resultados financieros de las compañías.

La transición desde una tasa de 27% hacia 23% obliga a revisar proyecciones, valorizaciones, impuestos diferidos, resultados y decisiones de capital. KPMG advierte precisamente que la transición tributaria puede tener efectos sobre resultados financieros, patrimonio, covenants y valorizaciones.

Para una industria intensiva en capital como la aseguradora, esto tiene especial importancia.

La capacidad patrimonial, las decisiones de inversión y la rentabilidad sobre capital son elementos centrales del negocio.

Pero existe una segunda derivada.

Si las aseguradoras disponen de un entorno tributario más favorable y al mismo tiempo enfrentan una economía con mayores oportunidades de inversión, deberán decidir qué hacer con ese espacio adicional de rentabilidad y capital.

¿Más dividendos?

¿Mayor inversión?

¿Más crecimiento?

¿Nuevos productos?

¿Mayor capacidad de asumir riesgos?

La respuesta será distinta para cada compañía, pero la pregunta estratégica es común.

Del producto tradicional al producto que necesita la nueva economía

Quizás la principal enseñanza del encuentro es la necesidad de cambiar la lógica comercial.

Durante demasiado tiempo, buena parte de la industria ha desarrollado productos y después ha buscado dónde venderlos.

El nuevo escenario obliga a hacer lo contrario.

Primero identificar dónde estará la inversión, qué riesgos generará y qué necesidades tendrán las empresas y las personas. Después diseñar la cobertura.

Es la diferencia entre vender seguros y asegurar el crecimiento.

Si aumentan las inversiones mineras, energéticas, inmobiliarias, tecnológicas o de infraestructura, las compañías deberán comprender mejor esos riesgos.

Si crece la construcción, habrá que desarrollar soluciones para contratistas, desarrolladores y compradores.

Si aumenta el financiamiento, habrá oportunidades en seguros asociados al crédito.

Si se movilizan nuevos capitales, aparecerán nuevas necesidades de protección patrimonial.

Si aumenta la actividad empresarial, crecerá la demanda potencial por responsabilidad civil, cyber, interrupción de negocios y protección de activos.

Y si la reconstrucción incorpora resiliencia, el seguro debería ser parte de esa conversación desde el diseño del proyecto.

El riesgo de quedarse mirando

La industria aseguradora tiene una particularidad: sus oportunidades no siempre aparecen como oportunidades aseguradoras.

Una rebaja tributaria no dice “aquí hay un seguro”.

Una inversión minera tampoco.

Una nueva vivienda menos.

Pero detrás de cada una de esas decisiones existe un conjunto de riesgos.

Por eso el desafío para las compañías no es solamente comercial. También es estratégico.

La industria tendrá que mejorar su capacidad para leer información económica, anticipar ciclos de inversión y desarrollar productos con mayor velocidad.

Y aquí los corredores también tienen un papel relevante.

Si el mercado comienza a crecer nuevamente, el corredor que se limite a cotizar productos existentes puede quedar en una posición menos relevante frente a aquel que sea capaz de acompañar al cliente en la identificación y administración integral de sus riesgos.

La gran pregunta para el seguro

La Ley de Reconstrucción nace con objetivos que exceden largamente al sector asegurador: reconstruir zonas afectadas, reactivar la economía, incentivar la inversión, generar empleo y modificar determinados elementos del sistema tributario.

Pero precisamente por eso puede terminar teniendo un impacto relevante sobre la industria.

La pregunta no debería ser cuánto crecerá el mercado de seguros como consecuencia de la ley.

La pregunta más interesante es qué nuevos riesgos aparecerán como consecuencia del crecimiento que la ley pretende generar.

Esa diferencia es fundamental.

Porque si la economía efectivamente entra en un nuevo ciclo de inversión, la industria aseguradora tendrá delante una oportunidad que no se presenta todos los años: acompañar desde el origen una nueva etapa de construcción de activos, empresas, viviendas e infraestructura.

Pero esa oportunidad no se capturará automáticamente.

Requerirá capacidad técnica, innovación, mejores canales de distribución, pricing adecuado y, sobre todo, una comprensión mucho más profunda del cliente y de su actividad.

El encuentro organizado por KPMG Chile y la Asociación de Aseguradores puso precisamente el tema sobre la mesa: pasar de la norma a la oferta.

Para la industria aseguradora, ese puede ser el verdadero desafío de la Ley de Reconstrucción.

No esperar que el crecimiento llegue a tocar la puerta de las compañías.

Salir a buscar los riesgos que ese crecimiento va a generar.