Prohibir el interés sobre interés: el debate que podría extender sus efectos hasta la industria aseguradora y las rentas vitalicias

La discusión legislativa sobre la prohibición del cobro de intereses sobre intereses ha dejado de ser un debate exclusivamente bancario. Lo que inicialmente parecía una iniciativa orientada a proteger a los consumidores frente al sobreendeudamiento terminó generando una reacción inédita del sistema financiero chileno.

En una carta conjunta, las asociaciones que representan a bancos, administradoras de fondos mutuos, compañías de seguros, AFP, cooperativas y el retail financiero advirtieron que la iniciativa podría producir efectos mucho más amplios que los buscados por sus impulsores. Entre ellos mencionan un eventual deterioro del mercado de capitales, restricciones al crédito de largo plazo y un impacto sobre diversos instrumentos de ahorro e inversión.

La amplitud de la reacción refleja que el proyecto trasciende el ámbito del crédito de consumo y toca uno de los principios fundamentales de las finanzas: el valor del dinero en el tiempo.

Una discusión que va más allá de los bancos

Desde un punto de vista financiero, la capitalización de intereses no es una anomalía ni una práctica propia de determinadas instituciones. Constituye el mecanismo mediante el cual se valoran inversiones, ahorros, créditos y obligaciones financieras de largo plazo.

Por esa razón, la preocupación no proviene únicamente de quienes otorgan créditos. También alcanza a inversionistas institucionales como las compañías de seguros y las AFP, que administran recursos con horizontes de varias décadas y participan activamente en el financiamiento de empresas, infraestructura y deuda pública.

La carta conjunta sostiene que una prohibición de esta naturaleza no registra precedentes comparables a nivel internacional y que podría modificar el funcionamiento de múltiples productos financieros, incluyendo depósitos a plazo, créditos con períodos de gracia, refinanciamientos y otras modalidades de financiamiento.

¿Por qué preocupa a las aseguradoras?

Aunque las compañías de seguros no basan su negocio en el otorgamiento masivo de créditos, sí dependen de un mercado de capitales sólido y eficiente.

Las aseguradoras administran inversiones por miles de millones de dólares destinadas a respaldar compromisos que, en algunos casos, deberán pagarse durante los próximos treinta o cuarenta años. La rentabilidad obtenida por esos portafolios constituye uno de los elementos centrales para garantizar el cumplimiento de las obligaciones futuras con sus asegurados.

Una alteración significativa de las reglas financieras podría modificar la valoración de activos, afectar la profundidad del mercado de capitales y reducir las alternativas de inversión disponibles para estos inversionistas institucionales.

El vínculo con las rentas vitalicias

El efecto potencial resulta especialmente relevante en el negocio de las rentas vitalicias.

Cuando una persona opta por esta modalidad de pensión, la compañía de seguros asume el compromiso de pagar una renta mensual durante toda la vida del pensionado y, en muchos casos, también de sus beneficiarios.

Para cumplir esa obligación, las aseguradoras construyen portafolios de inversión de muy largo plazo, cuyos flujos futuros deben ser consistentes con los pagos comprometidos.

En ese contexto, cualquier medida que afecte el funcionamiento del mercado de capitales, reduzca su profundidad o altere la formación de precios de instrumentos financieros puede tener efectos indirectos sobre el negocio previsional, elevando los costos de cobertura o reduciendo la disponibilidad de determinados activos de largo plazo.

No significa necesariamente que las pensiones actuales se vean afectadas, pero sí constituye un factor que las compañías deberán considerar al diseñar sus estrategias de inversión y administrar sus riesgos.

Una señal de preocupación transversal

Uno de los aspectos más llamativos de esta discusión ha sido la amplitud del consenso entre instituciones que habitualmente mantienen intereses distintos.

Bancos, aseguradoras, AFP, administradoras de fondos mutuos, cooperativas y retail financiero coincidieron en advertir que la iniciativa podría terminar restringiendo el acceso al financiamiento y perjudicando especialmente a los hogares de menores ingresos, al reducir la flexibilidad para estructurar créditos con períodos de gracia, cuotas diferenciadas u otras modalidades de pago.

Más allá del resultado legislativo, la controversia vuelve a poner sobre la mesa una discusión de fondo: cómo compatibilizar una mayor protección para los consumidores con la estabilidad del sistema financiero y del mercado de capitales.

En el caso de la industria aseguradora, el debate trasciende el otorgamiento de créditos. Su principal preocupación radica en preservar un mercado capaz de ofrecer instrumentos de inversión suficientes para respaldar compromisos que, en muchos casos, se extenderán durante varias décadas. Esa es la razón por la cual las aseguradoras decidieron sumarse, junto con el resto de los inversionistas institucionales, a una de las declaraciones conjuntas más amplias que ha visto el sistema financiero chileno en los últimos años.