La reforma tributaria podría abrir una nueva era para los seguros complementarios de salud

El crédito tributario para financiar tratamientos de enfermedades catastróficas podría tener un efecto mucho mayor que el buscado por el legislador. Si la industria aseguradora logra integrarlo al diseño de los seguros colectivos, Chile podría avanzar hacia un nuevo modelo de financiamiento de la salud privada, con menores primas, mayor cobertura y un acceso más amplio a clínicas privadas para afiliados a Fonasa.

La indicación incorporada al proyecto de reforma tributaria, que crea un crédito tributario para las empresas que financien tratamientos de enfermedades catastróficas o crónicas de sus trabajadores y sus familias, ha sido analizada principalmente desde la perspectiva tributaria y laboral.

Sin embargo, detrás de esta iniciativa podría esconderse una transformación mucho más profunda: el nacimiento de un nuevo modelo de financiamiento de la salud complementaria.

Hasta ahora, el debate se ha centrado en cuánto costará el beneficio para el Estado y cuánto aliviará el gasto de las familias. Pero existe una pregunta que prácticamente no ha sido abordada: ¿qué ocurriría si este nuevo incentivo tributario pudiera integrarse al diseño de los seguros complementarios colectivos?

La respuesta podría cambiar la forma en que empresas, aseguradoras y trabajadores financian la atención de enfermedades de alto costo.

El empleador como nuevo articulador del sistema

Hoy el financiamiento de una enfermedad grave normalmente descansa sobre tres actores.

En primer lugar, Fonasa o la Isapre entregan la cobertura base. Luego interviene el seguro complementario, cuando existe. Finalmente, el trabajador debe asumir deducibles, copagos, medicamentos no cubiertos o prestaciones excluidas.

La reforma incorpora un nuevo elemento.

Aunque jurídicamente el beneficio corresponde a un crédito tributario para la empresa y no a un subsidio directo para el trabajador, en la práctica el empleador podría transformarse en un verdadero intermediario del financiamiento de la salud.

Ya no sería únicamente quien paga la remuneración o financia un seguro colectivo. También podría convertirse en quien canaliza un incentivo fiscal destinado a enfrentar enfermedades de alto costo.

Ese cambio modifica completamente la lógica de los beneficios laborales.

Del seguro complementario tradicional a un modelo integrado

Si la legislación y la regulación futura permiten coordinar ambos mecanismos, las empresas podrían comenzar a rediseñar sus programas de salud.

En lugar de contratar seguros que cubran la totalidad del riesgo financiero, podrían estructurar coberturas donde el crédito tributario contribuya a absorber parte del costo asociado a enfermedades catastróficas o crónicas.

Ello permitiría disminuir el riesgo que asumen las aseguradoras y, por lo tanto, reducir el costo de las primas o ampliar las coberturas disponibles para los trabajadores.

No se trataría de reemplazar al seguro complementario, sino de transformarlo en una pieza de un sistema de protección mucho más amplio.

La gran oportunidad para Fonasa

Quizás el aspecto más innovador de este escenario es el potencial beneficio para los afiliados a Fonasa.

Actualmente, muchas personas deben enfrentar largas listas de espera o limitaciones para acceder a determinados tratamientos en prestadores privados.

Si una empresa pudiera combinar la cobertura de Fonasa, un seguro complementario colectivo y el nuevo incentivo tributario, el gasto de bolsillo del trabajador podría reducirse de manera significativa.

En la práctica, ello permitiría que un mayor número de afiliados a Fonasa accediera a clínicas privadas para tratar patologías como cáncer, enfermedades cardiovasculares o enfermedades crónicas de alto costo, ampliando las alternativas de atención sin modificar la estructura del sistema previsional de salud.

Una oportunidad para innovar en seguros colectivos

La eventual aprobación de esta norma también abre un desafío para la industria aseguradora.

En lugar de limitarse a adaptar los productos existentes, las compañías podrían desarrollar una nueva generación de seguros complementarios colectivos especialmente diseñados para convivir con el incentivo tributario.

Podrían surgir pólizas con deducibles más altos, primas más bajas y coberturas específicamente orientadas a complementar el financiamiento aportado por el empleador.

Asimismo, las aseguradoras tendrían la posibilidad de incorporar programas preventivos, seguimiento de enfermedades crónicas, navegación clínica y gestión integral de pacientes, aprovechando que parte del riesgo financiero sería compartido con el nuevo mecanismo tributario.

Del beneficio tributario a una política de bienestar

Para las empresas, el incentivo podría representar mucho más que un ahorro de impuestos.

Podría transformarse en una herramienta para fortalecer sus programas de bienestar, mejorar la retención de talento y ofrecer una protección sanitaria significativamente superior sin incrementar proporcionalmente el costo de los beneficios.

En ese escenario, el empleador dejaría de ser un simple contratante de seguros para convertirse en un verdadero gestor del financiamiento de la salud de sus trabajadores.

La discusión que viene

Es importante precisar que el proyecto actualmente conocido no establece expresamente una coordinación entre el crédito tributario y los seguros complementarios. Esa integración requeriría una regulación específica o el desarrollo de nuevos productos por parte de la industria aseguradora.

Sin embargo, la sola existencia de este incentivo abre una oportunidad inédita para repensar la forma en que se financian las enfermedades de alto costo.

Si esa coordinación llegara a materializarse, Chile podría avanzar hacia un modelo donde Estado, empleadores, aseguradoras y sistemas previsionales compartan el financiamiento de las patologías más complejas.

La discusión, por lo tanto, ya no sería únicamente tributaria. Podría transformarse en el punto de partida de una nueva generación de seguros colectivos de salud, capaces de ampliar el acceso a la medicina privada, reducir el costo de las coberturas y ofrecer una protección financiera mucho más robusta para millones de trabajadores.