Terremotos en Venezuela y Colombia vuelven a poner en evidencia la brecha aseguradora de América Latina

Dos grandes terremotos ocurridos con pocas semanas de diferencia en Venezuela y Colombia vuelven a poner sobre la mesa una realidad estructural de América Latina: millones de personas y empresas enfrentan las grandes catástrofes naturales sin una protección financiera suficiente.

El terremoto de magnitud 7,4 que golpeó Colombia el 10 de agosto vuelve a recordar la enorme vulnerabilidad de América Latina frente a los desastres naturales. A pocos kilómetros de distancia y apenas unas semanas antes, Venezuela había sufrido otro terremoto de gran magnitud. En Colombia, la emergencia ha dejado cientos de fallecidos, miles de heridos y decenas de miles de viviendas afectadas, mientras el Gobierno ha debido movilizar recursos extraordinarios para enfrentar la reconstrucción.

Más allá de las diferencias entre ambos eventos y de la capacidad de respuesta de cada país, existe una pregunta que vuelve a aparecer después de cada catástrofe: ¿quién paga la reconstrucción cuando la mayor parte de las familias, empresas y bienes afectados no están asegurados?

La respuesta, en buena parte de América Latina, sigue siendo la misma: el Estado, las propias familias afectadas, la solidaridad de la sociedad y, en muchos casos, la ayuda internacional.

Y ese es precisamente el problema.

Una catástrofe no termina cuando desaparece la emergencia

Los primeros días después de un terremoto están dominados por las labores de rescate, la atención médica, la alimentación y el alojamiento de los damnificados. Pero una vez superada esa etapa comienza otra crisis, mucho más prolongada: reconstruir viviendas, comercios, infraestructura, hospitales, escuelas y fuentes de trabajo.

Cuando existe una alta penetración de seguros, una parte importante de ese costo puede ser absorbida por el sistema asegurador y, detrás de él, por los mercados de reaseguro internacionales.

Cuando la cobertura es baja, en cambio, la mayor parte de la pérdida permanece en el patrimonio de las personas, las empresas y el Estado.

El seguro no evita el terremoto. Pero puede evitar que el terremoto se transforme en una catástrofe financiera para millones de personas.

Esta diferencia es fundamental.

América Latina: una región subasegurada

La magnitud de la brecha queda reflejada en las cifras.

Swiss Re estima que las primas de seguros de América Latina y el Caribe representaron alrededor del 3,3% del PIB regional en 2024, mientras que el promedio de las economías de la OCDE alcanzó 6,2%. Es decir, la penetración aseguradora de la región equivale aproximadamente a la mitad de la registrada en las economías desarrolladas.

Pero el promedio regional esconde diferencias importantes entre países.

País / región	Penetración de seguros 2024, primas/PIB
Estados Unidos	12,7%
Promedio OCDE	6,2%
España	4,5%
Chile	4,4%
Brasil	3,4%
Colombia	3,3%
Costa Rica	2,4%
Argentina	2,2%
Ecuador	1,9%
Bolivia	1,6%
América Latina y el Caribe	3,3%
Venezuela	≈0,9%*

*La cifra de Venezuela corresponde a una medición de MAPFRE Economics con metodología de penetración ajustada y, por lo tanto, no es estrictamente comparable con todas las cifras de la tabla OCDE.

La comparación resulta particularmente reveladora.

Estados Unidos presenta una penetración casi cuatro veces superior a la de América Latina, mientras que el promedio de la OCDE prácticamente duplica al de la región. España y Chile se encuentran por encima del promedio latinoamericano, aunque todavía muy lejos de los niveles estadounidenses.

La propia OCDE advierte que la penetración aseguradora es, en general, considerablemente menor en América Latina que en las economías más desarrolladas y que una baja penetración puede reflejar una insuficiente protección financiera de personas y empresas frente a determinados riesgos.

Pero la brecha es aún mayor frente a los riesgos catastróficos

La cifra de penetración total ya es preocupante, pero no necesariamente refleja la verdadera dimensión de la brecha frente a terremotos, inundaciones, incendios forestales, huracanes o eventos climáticos extremos.

Una economía puede tener una determinada penetración aseguradora debido al seguro de vida, salud, vehículos o ahorro previsional, pero eso no significa que sus viviendas, pequeñas empresas e infraestructura productiva estén adecuadamente protegidas frente a una catástrofe.

Este punto es especialmente relevante para América Latina.

El seguro automotor obligatorio, por ejemplo, puede elevar la penetración, pero no necesariamente protege el patrimonio familiar frente a la destrucción de una vivienda. Del mismo modo, una elevada participación del seguro de vida no significa que exista una cobertura suficiente para reconstruir las ciudades después de un terremoto.

La pregunta relevante no debería ser solamente cuánto seguro compra una economía, sino cuánto de sus principales riesgos está efectivamente transferido al mercado asegurador.

El costo de no estar asegurado

Cuando ocurre una gran catástrofe, la falta de seguros genera una especie de efecto dominó.

Primero pierde la familia que ve destruida su vivienda. Luego pierde el pequeño empresario que debe cerrar su negocio. Posteriormente disminuye la actividad económica local, se destruyen empleos y cae el consumo.

Al mismo tiempo, el Estado debe incrementar el gasto público precisamente cuando sus ingresos fiscales pueden verse afectados por la propia emergencia.

El resultado es que una parte importante del riesgo privado termina convirtiéndose en riesgo fiscal.

Por eso, la brecha aseguradora no es solamente un problema de la industria de seguros. Es también un problema de política pública, desarrollo económico, inclusión financiera y resiliencia nacional.

El dilema de América Latina

La paradoja es que América Latina es una de las regiones del mundo más expuestas a riesgos naturales.

Terremotos, tsunamis, huracanes, inundaciones, sequías, incendios forestales, deslizamientos y eventos climáticos extremos afectan periódicamente a sus países.

Sin embargo, la capacidad financiera para absorber esas pérdidas continúa siendo limitada.

La situación crea un círculo difícil de romper:

mayor exposición al riesgo → baja cobertura → grandes pérdidas no aseguradas → mayor presión fiscal → reconstrucción lenta → mayor vulnerabilidad futura.

Romper ese círculo requiere pasar de una cultura de reacción frente a la catástrofe a una cultura de preparación y transferencia anticipada del riesgo.

El seguro como infraestructura financiera de la resiliencia

Los terremotos de Venezuela y Colombia deberían ser vistos, por lo tanto, no solamente como tragedias humanas, sino también como una oportunidad para replantear la forma en que la región enfrenta los riesgos catastróficos.

El Estado no puede asegurar por sí solo todos los riesgos de una sociedad. Tampoco puede pretender que las familias, muchas de ellas con ingresos limitados, tengan capacidad para reconstruir sus viviendas con sus propios recursos.

Existe un espacio evidente para una colaboración público-privada mucho más profunda.

Una alternativa es desarrollar seguros catastróficos de contratación masiva y bajo costo, especialmente diseñados para cubrir a los sectores de menores ingresos.

Otra posibilidad son los seguros paramétricos, que permiten activar rápidamente el pago cuando se cumplen determinados parámetros objetivos —por ejemplo, una determinada magnitud de terremoto— sin necesidad de esperar una larga liquidación individual de los daños.

También pueden utilizarse fondos de catástrofe, bonos catastróficos, reaseguro internacional y mecanismos de cobertura público-privados.

El objetivo debería ser construir una verdadera arquitectura financiera para enfrentar las catástrofes.

Una oportunidad para la industria aseguradora

La brecha también representa uno de los mayores desafíos y, al mismo tiempo, una de las mayores oportunidades de crecimiento para la industria aseguradora latinoamericana.

Si la penetración regional ronda el 3,3% del PIB y el promedio de la OCDE alcanza 6,2%, existe un enorme espacio potencial para ampliar la protección.

Pero hacerlo requiere algo más que vender los productos tradicionales.

Se necesitan productos simples, económicos, digitales y de contratación masiva. También será necesario incorporar nuevas tecnologías para evaluar riesgos, tarificar, detectar fraudes, liquidar siniestros y pagar indemnizaciones con rapidez.

La tecnología puede ser el motor para cerrar la brecha aseguradora, pero la innovación debe ir acompañada de una política pública que permita ampliar significativamente el acceso al seguro.

La experiencia internacional demuestra que los mercados con mayor penetración aseguradora no solamente cuentan con mayores ingresos per cápita. También han desarrollado mecanismos institucionales que permiten transformar el seguro en una herramienta de protección patrimonial y estabilidad económica.

De la solidaridad a la protección

La solidaridad nacional e internacional es indispensable después de una catástrofe. Pero no puede convertirse en el principal mecanismo de financiamiento de la reconstrucción.

Cuando una familia pierde su casa, necesita ayuda inmediata. Pero también necesita recuperar su patrimonio.

Cuando un pequeño empresario pierde su local, requiere asistencia de emergencia. Pero necesita también capital para volver a operar.

Y cuando un país pierde miles de viviendas e infraestructura crítica, necesita recursos para reconstruir, pero también mecanismos financieros que reduzcan el impacto sobre sus cuentas fiscales.

La solidaridad permite enfrentar la emergencia. El seguro permite financiar la recuperación.

Esa diferencia debería estar en el centro de las políticas de gestión del riesgo de América Latina.

Los terremotos de Venezuela y Colombia son, una vez más, una advertencia. La próxima gran catástrofe llegará inevitablemente a algún país de la región. Lo que todavía está en nuestras manos decidir es cuánto de sus consecuencias económicas será asumido por las propias víctimas y cuánto podrá ser transferido previamente al sistema asegurador y al mercado internacional de reaseguros.

La verdadera pregunta ya no es si América Latina puede permitirse aumentar su cobertura de seguros.

La pregunta es cuánto le seguirá costando no hacerlo.