Ley Jacinta y SOAP: el desafío de convivir con dos niveles de cobertura

La entrada en vigencia de la llamada Ley Jacinta —que incrementa los montos de indemnización del Seguro Obligatorio de Accidentes Personales (SOAP)— no solo abrió un debate sobre oportunidad legislativa y protección de víctimas. También instaló un problema operativo y reputacional de alta complejidad para el mercado asegurador: la coexistencia de pólizas con distintos niveles de cobertura durante un año.

Como consecuencia del desfase entre la aprobación de la ley y su publicación en el Diario Oficial, cerca de 270.000 vehículos contrataron su SOAP bajo el régimen anterior. Esas pólizas mantendrán vigencia hasta el 31 de marzo de 2027. En la práctica, esto significa que durante todo ese período convivirán en el mercado seguros obligatorios con montos de indemnización distintos para un mismo tipo de siniestro.

Un problema técnico… y humano

Desde el punto de vista jurídico, la situación es clara: cada póliza responde conforme a la normativa vigente al momento de su contratación. No existe retroactividad posible.

Sin embargo, desde la perspectiva de la víctima, la lógica es distinta. Quien sufre un accidente no distingue entre fechas de publicación en el Diario Oficial ni entre regímenes normativos. Lo que percibe es que, ante un mismo daño, puede recibir una indemnización significativamente menor que otra persona en idénticas circunstancias, simplemente porque el vehículo responsable contrató su SOAP algunos días antes.

Esa brecha generará inevitablemente:

• Mayor número de reclamos.

• Dificultades en la explicación de coberturas.

• Frustración y sensación de trato desigual.

• Presión reputacional sobre las compañías aseguradoras.

  
  

Tensión en la relación con las víctimas

El SOAP es un seguro masivo, de alta exposición pública y baja diferenciación comercial. En este tipo de productos, la experiencia del beneficiario es especialmente sensible.

Las compañías deberán enfrentar situaciones complejas: explicar a víctimas gravemente afectadas que la indemnización disponible no corresponde al nuevo monto anunciado públicamente, sino al anterior, por razones puramente formales. Aunque jurídicamente correcto, el mensaje es difícil de transmitir sin generar desgaste.

El riesgo no es solo operacional, sino reputacional. En la opinión pública, la distinción entre “marco legal vigente a la fecha de contratación” y “nuevo estándar de protección” es poco intuitiva. La percepción puede instalar la idea de que el seguro “paga menos de lo que corresponde”, aun cuando esté actuando conforme a derecho.

Una transición que pudo evitarse

Todo este escenario era previsible. La autoridad sabía que el proceso de renovación de permisos de circulación —y, por tanto, la contratación masiva del SOAP— comienza cada año el 1° de febrero. Bastaba con haber coordinado la publicación e implementación de la Ley Jacinta una semana antes para evitar que cientos de miles de pólizas quedaran bajo un régimen distinto.

La falta de sincronización entre el calendario legislativo y un proceso administrativo conocido generó un efecto no deseado: víctimas con diferentes niveles de protección frente a un mismo daño y aseguradoras obligadas a administrar esa desigualdad.

Más allá de la discusión normativa, el impacto concreto recae ahora en el mercado asegurador y en su relación con las personas. Cuando una diferencia de días se traduce en una diferencia sustantiva de indemnización, el problema deja de ser regulatorio y se transforma en un desafío de confianza pública que pudo haberse evitado con una mejor coordinación institucional.