Tras la suspensión por Ley Jacinta, el SOAP vuelve al mercado con fuerte alza de precios

Luego de la suspensión temporal en la comercialización del Seguro Obligatorio de Accidentes Personales (SOAP), producto de la entrada en vigencia de la denominada Ley Jacinta, las compañías de seguros han comenzado a reanudar la venta del seguro con nuevas tarifas significativamente más altas.

Las primas actualmente publicadas en el mercado fluctúan entre $7.900 y $9.990, dependiendo de la compañía y del canal de comercialización, lo que representa un incremento relevante respecto de los valores vigentes antes de la entrada en vigor de la nueva normativa. Aún faltan algunas aseguradoras por retomar la comercialización, por lo que el mercado no se encuentra completamente normalizado.

El impacto de la Ley Jacinta

La Ley Jacinta introdujo modificaciones sustantivas al SOAP, principalmente en materia de mayores montos de indemnización y exigencias más estrictas para la obtención y renovación de licencias de conducir. Estos cambios, si bien apuntan a fortalecer la protección de las víctimas de accidentes de tránsito, implican también un aumento estructural en la exposición al riesgo para las aseguradoras.

El reajuste de tarifas refleja precisamente esa nueva ecuación técnica. A mayores coberturas y mayores montos indemnizatorios, corresponde —desde el punto de vista actuarial— una prima acorde al riesgo asumido.

Mercado aún incompleto

Con algunas compañías aún fuera de comercialización, no es posible afirmar que el mercado haya alcanzado un nuevo equilibrio competitivo. Es probable que en las próximas semanas se observe mayor dispersión de precios o ajustes adicionales una vez que todos los actores estén operando bajo el nuevo marco legal.

Lo que sí parece claro es que la Ley Jacinta no solo modificó las coberturas del SOAP, sino que también alteró de manera directa su estructura de precios.

En un seguro obligatorio y de carácter masivo, cualquier cambio normativo tiene efectos inmediatos en millones de conductores. La discusión ahora no solo será técnica o regulatoria, sino también pública: cuánto cuesta proteger mejor y quién asume finalmente ese mayor costo.

El mercado ya dio su primera respuesta. Resta ver si será definitiva.