Rastreo insuficiente: aseguradoras entregan GPS detectables y sin monitoreo a miles de asegurados

La implementación de la Ley Antiportonazos —vigente desde 2021— ha generado un nuevo frente de debate en la industria aseguradora. Esta normativa exige que todos los vehículos asegurados cuenten con un sistema de rastreo GPS, responsabilidad que recae directamente en las compañías de seguros. No obstante, su cumplimiento ha sido fuertemente criticado por la calidad y utilidad de los dispositivos entregados.

Recientemente, el Servicio Nacional del Consumidor (SERNAC) obligó a dos aseguradoras a proveer estos sistemas de rastreo a más de 400 mil clientes, tras constatar que las pólizas ofrecidas no estaban cumpliendo con lo estipulado por la ley. Si bien esta exigencia representa un alto costo operacional para las compañías, muchas de ellas han optado por cumplir de forma mínima, entregando dispositivos GPS conectables al puerto OBD2 del vehículo.

Este tipo de GPS, sin embargo, ha sido duramente cuestionado por su baja efectividad: son fácilmente detectables y removibles por delincuentes, lo que limita seriamente su capacidad de rastreo en casos de robo. Además, la funcionalidad del dispositivo no incluye un monitoreo activo, por lo que los asegurados deben contratar por su cuenta un servicio externo de seguimiento, lo que implica un costo adicional considerable.

Según expertos del sector, esta práctica está dejando a los consumidores desprotegidos y evidencia una falta de alineación entre el espíritu de la Ley Antiportonazos y su implementación real. “El rastreo efectivo de un vehículo robado no puede depender de un dispositivo visible y desconectable, ni de la disposición del usuario a pagar un monitoreo aparte”, comentó un especialista en seguridad vehicular.

Desde el SERNAC se ha indicado que continuarán monitoreando el cumplimiento de las obligaciones contractuales por parte de las aseguradoras, y no se descartan nuevas acciones en caso de detectar incumplimientos que afecten la seguridad de los consumidores.

La polémica reabre el debate sobre el rol de las aseguradoras en la protección activa de sus clientes y plantea la urgencia de revisar los estándares técnicos mínimos que deben cumplir estos sistemas de rastreo, si se quiere realmente enfrentar el robo de vehículos con herramientas eficaces.

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