Seguros contra fraudes bancarios: la propuesta que reabre el debate sobre protección al consumidor

La creciente sofisticación de los fraudes bancarios y digitales ha llevado a la Asociación de Bancos a plantear una propuesta que está generando amplio debate: modificar la actual Ley de Fraudes para permitir que los clientes puedan contar con seguros que los protejan cuando, actuando de buena fe, son víctimas de engaños que derivan en pérdidas de dinero desde sus cuentas bancarias.

Actualmente, la legislación chilena establece un régimen de responsabilidad que, en la práctica, impide la contratación de seguros para este tipo de eventos, al considerar que la restitución de los fondos recae directamente en las entidades financieras bajo ciertos supuestos. Este marco legal, diseñado para proteger al consumidor, ha terminado —según argumenta la banca— desincentivando mecanismos de aseguramiento que podrían complementar la protección del usuario y aportar mayor sostenibilidad al sistema.

Un escenario de fraudes en aumento

Phishing, smishing, suplantación de identidad, ingeniería social y fraudes mediante aplicaciones falsas son hoy parte del día a día. En muchos casos, las víctimas no actúan con negligencia, sino que caen en engaños cada vez más elaborados, difíciles de detectar incluso para usuarios informados. La consecuencia suele ser la misma: retiros, transferencias o pagos no autorizados que afectan directamente el patrimonio de las personas.

Desde la Asociación de Bancos sostienen que, frente a este nuevo escenario, el marco legal vigente quedó desfasado y no distingue adecuadamente entre dolo, negligencia grave y engaño sofisticado, limitando la posibilidad de ofrecer soluciones aseguradoras específicas para estos riesgos.

El rol de los seguros en la protección financiera

La propuesta apunta a habilitar un modelo en el cual los clientes puedan contratar voluntariamente seguros contra fraudes, que operen cuando se acredite que la persona actuó de buena fe y fue víctima de un engaño. Este tipo de coberturas ya existe en otros mercados y permite:

• Proteger al consumidor frente a pérdidas patrimoniales relevantes.

• Entregar mayor certeza y rapidez en la compensación.

• Compartir el riesgo entre clientes, bancos y aseguradoras.

• Fomentar mejores estándares de prevención y educación financiera.

Desde la industria aseguradora, el desarrollo de este tipo de seguros implicaría nuevos desafíos técnicos, como la correcta delimitación del riesgo, la definición de exclusiones, deducibles y mecanismos de verificación, pero también una oportunidad para innovar en coberturas alineadas con los riesgos digitales actuales.

Un equilibrio necesario

El debate de fondo está en encontrar un equilibrio entre la protección del consumidor y la sostenibilidad del sistema financiero. Permitir seguros contra fraudes no implica debilitar los derechos de los usuarios, sino complementarlos, especialmente en casos donde el fraude es difícil de prevenir individualmente.

Asimismo, una eventual modificación legal debería ir acompañada de exigencias claras de prevención, tanto para bancos como para aseguradoras, y de campañas de educación financiera que refuercen el rol activo de los usuarios en el cuidado de su información.

La discusión recién comienza, pero pone sobre la mesa una realidad ineludible: en un mundo cada vez más digital, el fraude es un riesgo sistémico, y su gestión requiere nuevas herramientas, donde los seguros pueden cumplir un rol clave en la protección de las personas.