Terremoto en Colombia: lo que los $3,7 billones no muestran

El balance de Fasecolda al 7 de septiembre registra 68.270 reclamaciones y pérdidas aseguradas estimadas en $3,7 billones. Sin embargo, esta cifra representa solo una parte del costo económico del terremoto: la mayor parte de las viviendas colombianas no cuenta con seguro, dejando una importante factura a cargo de familias, empresas y del Estado.

El terremoto de magnitud 7,4 que afectó a Colombia el 10 de agosto está comenzando a mostrar su verdadera dimensión económica. No solo por la destrucción provocada, sino porque está permitiendo observar, en un caso real, cuánto de esa pérdida está efectivamente protegido por seguros y cuánto deberá ser absorbido directamente por familias, empresas y el Estado.

El último balance de la Federación de Aseguradores Colombianos, Fasecolda, con corte al 7 de septiembre, contabiliza 68.270 reclamaciones, por un valor estimado de $3,7 billones colombianos. La cifra continúa aumentando a medida que se denuncian nuevos siniestros y se avanza en la evaluación de los daños.

La cifra es enorme, pero puede resultar engañosa si se interpreta como el costo total del terremoto.

Los $3,7 billones representan la pérdida asegurada, no la pérdida económica total.

Y probablemente ahí se encuentra la principal lección que deja este terremoto para la industria aseguradora latinoamericana.

El seguro está absorbiendo una parte del impacto

El ramo de terremoto concentra prácticamente toda la siniestralidad reportada.

Esto demuestra la naturaleza particular de las catástrofes naturales: miles de pólizas pueden verse afectadas simultáneamente por un mismo evento.

En condiciones normales, el seguro funciona sobre la base de la diversificación. Los siniestros de los asegurados ocurren en momentos y lugares diferentes.

Un terremoto rompe esa lógica.

En cuestión de segundos puede afectar simultáneamente viviendas, edificios, industrias, comercios, infraestructura y vehículos en una extensa zona geográfica.

Por eso los terremotos constituyen uno de los mayores desafíos técnicos para cualquier compañía de seguros.

Y precisamente por eso existe el reaseguro.

La pérdida de $3,7 billones no significa que las aseguradoras colombianas deban absorber íntegramente ese monto con sus propios recursos. Una parte importante del riesgo es transferida previamente a reaseguradores internacionales.

Esto constituye una de las funciones más importantes —y menos visibles— del sistema asegurador: convertir una catástrofe local en un riesgo financiero distribuido internacionalmente.

Cobertura altamente concentrada

Colombia tenía, a marzo de 2026, aproximadamente 2,68 millones de inmuebles asegurados contra terremoto. El valor asegurado superaba los $2.582 billones, equivalente a aproximadamente 1,4 veces el PIB colombiano de 2025.

A primera vista, parece una extraordinaria capacidad de protección.

Pero hay una diferencia fundamental entre valor asegurado y población asegurada.

El seguro está fuertemente concentrado.

Los riesgos privados —empresas, industrias y comercios— representan alrededor del 31% de las pólizas, pero concentran aproximadamente el 61% del valor asegurado.

En cambio, el hogar representa cerca del 62% de las pólizas, pero apenas el 14% del valor asegurado.

Es decir, Colombia tiene una importante capacidad asegurada frente a terremotos, pero esa protección no está distribuida uniformemente entre la población.

Solo uno de cada diez hogares tiene seguro

La situación resulta todavía más evidente cuando se observa la penetración del seguro de hogar.

Según información basada en datos de Fasecolda, apenas 9,3% de las viviendas colombianas cuenta con algún tipo de seguro de hogar. En las regiones directamente afectadas también existen diferencias importantes: Quindío registra cerca de 18%, Risaralda 13%, Valle del Cauca 12% y Caldas apenas 8%.

Esto significa que, después de un terremoto, la mayoría de las familias afectadas no tiene una aseguradora a la cual recurrir para reconstruir su patrimonio.

Y aquí cambia completamente la lectura de los $3,7 billones.

No son la factura del terremoto.

Son solamente la parte de la factura que el sistema asegurador está llamado a pagar.

La verdadera factura todavía no la conocemos

Esta diferencia es fundamental.

Si el daño económico total del terremoto fuera, por ejemplo, $20 billones y las aseguradoras terminaran pagando $4 billones, no podríamos concluir que el terremoto costó $4 billones.

Costó $20 billones.

Los otros $16 billones tendrán que ser asumidos por propietarios, empresas, trabajadores, bancos, proveedores y, eventualmente, por el Estado.

Esa es la verdadera brecha de protección.

El terremoto colombiano está demostrando que una sociedad puede tener un mercado asegurador técnicamente preparado para enfrentar una catástrofe y, al mismo tiempo, mantener una enorme cantidad de patrimonio sin protección.

Ambas cosas pueden coexistir.

La prueba no es solamente para las aseguradoras

Por eso, el terremoto también constituye una prueba para el modelo de protección financiera de Colombia.

Las aseguradoras tendrán que demostrar que pueden procesar decenas de miles de reclamaciones, evaluar daños, resolver coberturas y desembolsar indemnizaciones con rapidez.

Pero el Estado y la sociedad deberían hacerse otra pregunta:

¿Por qué una proporción tan elevada del patrimonio de los hogares permanece sin asegurar frente a un riesgo conocido y recurrente?

No es una pregunta menor.

Los terremotos no pueden predecirse, pero sí puede conocerse la exposición.

Y tampoco puede evitarse un terremoto, pero sí puede reducirse significativamente su impacto financiero mediante construcción adecuada, prevención y transferencia de riesgos.

Una lección para Chile

La experiencia colombiana resulta particularmente interesante para Chile.

Nuestro país conoce perfectamente el riesgo sísmico. Sin embargo, el debate suele concentrarse en la magnitud que podría alcanzar el próximo terremoto, en la vulnerabilidad de determinadas zonas o en la capacidad de respuesta de las autoridades.

Falta incorporar con mayor fuerza otra pregunta:

¿Qué porcentaje del patrimonio de los chilenos estará asegurado cuando ocurra el próximo gran terremoto?

Porque la capacidad de reconstrucción de una sociedad no depende solamente de cuánto dinero pueda aportar el Estado.

También depende de cuánto capital privado pueda movilizarse rápidamente para reparar viviendas, industrias, comercios e infraestructura.

El terremoto colombiano ofrece una demostración concreta de esa lógica.

El mercado asegurador está comenzando a movilizar recursos para enfrentar una pérdida que, al 7 de septiembre, ya alcanza $3,7 billones y 68.270 reclamaciones.

Pero esos $3,7 billones también muestran algo que debería preocupar más:

por cada peso de patrimonio protegido mediante seguros, existen probablemente muchos otros pesos cuya reconstrucción dependerá directamente de sus propietarios o del Estado.

El verdadero desafío del seguro

El éxito del seguro no debería medirse únicamente por cuánto paga después de una catástrofe.

También debería medirse por cuánto patrimonio consiguió proteger antes de que ocurriera.

Ese es quizás el principal mensaje que deja el terremoto colombiano.

La industria aseguradora parece estar demostrando que puede absorber una catástrofe de gran magnitud mediante una combinación de capital, reservas y reaseguro.

Pero la catástrofe también demuestra que la capacidad de pago de las aseguradoras sirve de poco para quienes nunca pudieron —o nunca quisieron— contratar una póliza.

La discusión, entonces, no debería terminar en los $3,7 billones de pérdidas aseguradas.

Debería comenzar ahí.

Porque la verdadera pregunta que deja el terremoto de Colombia no es cuánto tendrá que pagar el mercado asegurador.

Es cuánto de la próxima catástrofe estaremos dispuestos a financiar mediante seguros y cuánto seguiremos dejando a cargo de las familias, las empresas y el Estado.

Este enfoque me parece mucho más potente para Seguro Visión, especialmente porque permite conectar Colombia con el riesgo sísmico chileno sin caer en una comparación artificial: el terremoto funciona como un caso concreto para demostrar que prepararse para una catástrofe no es solamente tener capacidad de rescate, sino también capacidad financiera de reconstrucción.