Traspaso del SIS al Seguro Social: luces y sombras del proyecto aprobado en el Senado

La Comisión de Trabajo del Senado aprobó en general el proyecto de ley que regula el traspaso del Seguro de Invalidez y Sobrevivencia (SIS) al Seguro Social, en cumplimiento de la Ley N° 21.735 sobre la reforma de pensiones. Aunque constituye un paso formal clave, el diseño de la propuesta legislativa genera dudas sobre su eficacia operativa y su sostenibilidad financiera.

Actualmente, el SIS funciona como un seguro colectivo licitado por las AFP a compañías de seguros de vida, con una prima única descontada de la cotización obligatoria. En los últimos años, esta prima ha aumentado debido a una mayor siniestralidad, alcanzando cerca del 1,9%, por sobre el supuesto inicial de 1,5% considerado al aprobar la reforma previsional.

La reforma estableció que, desde 2026, el SIS se integrará al Seguro Social, financiado por el Fondo Autónomo de Protección Previsional (FAPP) y administrado por el Instituto de Previsión Social (IPS). Sin embargo, el proyecto aprobado mantiene a las AFP en funciones críticas como el cálculo y pago de prestaciones, la gestión operativa y el soporte a Comisiones Médicas. Esta arquitectura híbrida amenaza con perpetuar la fragmentación institucional, multiplicar costos administrativos y dificultar la promesa de una ventanilla única para los afiliados.

En paralelo, existen riesgos financieros relevantes. La postergación hasta 2033 del traspaso de reservas y pasivos abre espacios de vacíos de financiamiento y de incertidumbre jurídica respecto de los contratos vigentes con aseguradoras privadas. Además, la mayor siniestralidad podría presionar aún más la capacidad del FAPP para cubrir no solo el SIS, sino también otros compromisos sensibles de la reforma.

De cara a la discusión en particular, especialistas coinciden en que será clave resolver tres nudos críticos:

1. Avanzar hacia un traspaso integral y oportuno al IPS, que asegure coherencia y simplificación.

2. Definir reglas claras de transición financiera, evitando escenarios de desfinanciamiento o litigiosidad.

3. Fortalecer la sostenibilidad del FAPP, con supuestos realistas frente al alza de la siniestralidad.

Solo corrigiendo estas debilidades será posible que el nuevo esquema cumpla con sus objetivos de eficiencia, simplicidad y seguridad para los afiliados.